El abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga, consideró que el trato dado a los miembros de Operación Libertad, Lorent Saleh y Gabriel Valles, al ser expulsados por el gobierno colombiano, fue irregular y violatorio de sus derechos humanos.
En su opinión, en este caso hubo un uso incorrecto del mecanismo de expulsión y además se pasaron por alto dispositivos internacionales de protección de los derechos de los jóvenes.
«Colombia al igual que Venezuela, tiene, en razón de dispositivos legales, facultad para expulsar a extranjeros que infrinjan su ordenamiento interno y esas son medidas administrativas. Pero hay algo que no se puede hacer: no se puede utilizar el mecanismo de deportación o expulsión para justificar la entrega de una persona a la autoridad de otro Estado que lo está solicitando a los fines de un proceso penal», manifestó a EL IMPULSO.
El penalista hizo hincapié en que si existía un requerimiento judicial por parte de Venezuela, en tal caso correspondía una extradición. No obstante, insistió en que este mecanismo tampoco era procedente en el caso de Saleh y Valles, en virtud de la persecución político-judicial de la que son objeto en territorio nacional.
«Hay una prohibición expresa contenida en tratados de derechos humanos como la Convención Americana donde se hace referencia a que en ningún caso un extranjero puede ser deportado o devuelto a otro país donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo por causas de raza, nacionalidad, religión, condición social o por sus opiniones políticas», refirió.
«Yo creo que perfectamente cabe decir que estos estudiantes fueron ilegalmente entregados por Colombia, en violación de esos tratados, e ilegalmente detenidos por el Sebin», recalcó.
No hay delito
Por otro lado, Arteaga explicó que la extradición es una institución jurídica de colaboración internacional a los fines de la lucha contra el delito, pero subrayó que no estaba establecido que los jóvenes expulsados hubiesen cometido ninguno. Además no estaba claro que hubiese un requerimiento.
«Violar una medida de presentación no es constitutivo de delito. Si bien eran investigados desde 2010 por la presunta comisión de ellos, es un proceso que estaba paralizado y no ameritaban privación de libertad», explicó el abogado.
Según nuestro ordenamiento jurídico la aprehensión sólo procede cuando la persona es sorprendida in fraganti o por una orden judicial, y aquí la orden de captura fue emitida después de la llegada de ellos al país. Aquí todo es irregular, y está claro que se trata de persecución por motivos políticos», agregó.
Vale recordar, Saleh y Valles fueron presentados el lunes ante el Tribunal 3º de Control del estado Carabobo, que dictaminó su privación de libertad en la sede del Sebin, en Plaza Venezuela, por violar una medida cautelar. Mientras tanto, el Ministerio Público les imputó la presunta comisión de los delitos de instigación e intimidación al orden público, incertidumbre pública y divulgación de información falsa, por hechos ocurridos en noviembre de 2010.
