El pasado viernes, un grupo de sujetos armados interceptaron a un trabajador del campo de la zona rural del municipio Andrés Eloy Blanco, específicamente en el caserío San Antonio del Guache, despojándole de su camioneta, una Toyota Land Cruiser, modelo rústico.
De inmediato, la víctima del atraco contactó a compañeros de faena quienes movilizaron a campesinos de más de 17 comunidades de los caseríos aledaños quienes se abocaron a encontrar la propiedad sustraída. Uno de estos grupos que se movilizó hasta la población de Guadalupe, al norte del municipio Jiménez, logró dar con el paradero de la camioneta que había sido abandonada por los delincuentes al saber que iban por ella. Su dueño, junto a otros 12 compañeros más, abordaron la unidad para llevarla de regreso hasta la población del municipio AEB; sin embargo, en la vía, fueron interceptados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana quienes, al ser el chequeo de rutina, lograron incautarles armas de fabricación casera, conocidos como «chopos», por lo que quedaron detenidos por el supuesto delito de porte ilícito de arma.
Los campesinos fueron llevados hasta el módulo militar ubicado en la capital del municipio Jiménez y, de allí, trasladados hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ubicado en la misma ciudad. Desde ese momento, compañeros coparon las inmediaciones de esta delegación ubicada en la urbanización Pepe Coloma de Quíbor, con la intención de generar presión para lograr la liberación.
Pese a esto, en el día de ayer, los detenidos fueron llevados hasta el Edificio Nacional de la ciudad de Barquisimeto para ser presentados ante la justicia venezolana.
Mientras se desarrollaba el procedimiento de rutina, decenas de trabajadores del campo de las 17 comunidades que integran parte de la zona rural del municipio Andrés Eloy Blanco, se apostaron a las afueras de la sede judicial para reclamar por su liberación.
Allí, los compañeros relataron la situación que los azota a diario a quienes se desempeñan como trabajadores del campo larense.
Ángelo Blanco, productor, explicó que desde hace dos años más de 41 vehículos de las mismas características han sido robados a los productores del campo y recuperados por la acción conjunta de los pobladores de estas comunidades, además de 8 que se han recuperado a los productores del estado vecino de Portuguesa.
De igual forma, indicó que otros productores no han tenido la suerte de recuperar dichas unidades y estas han sido picadas, mientras que algunos que pertenecen a comunidades que aún no se han adherido y organizado en la llamada «Brigada de vigilancia comunal», pagan entre 200 a 400 mil bolívares para que les sea devuelta la unidad.
Sobre lo sucedido el pasado viernes, Blanco comentó que los pobladores, habrían notificado a los cuerpos de seguridad, específicamente a la Guardia Nacional ubicada en Quíbor, del robo del vehículo, y estos se negaron a realizar el acompañamiento con los pobladores, «nos dijeron: váyanse tranquilos que después pondremos las alcabalas».
Sin embargo, estos no quedaron satisfechos y decidieron buscarla por sus propios medios. «Ellos sabían que andábamos buscando el carro y de todas formas nos detuvieron», explicó.
Por su parte, Félix Saavedra, presidente de la Asociación de Comerciantes de Sanare, explicó que la situación de inseguridad no sólo se limita a la zona rural, sino que en el casco central de la capital del municipio también se registran hechos delictivos a diario, «roban hasta 10 motos diarias».
Explicó que, en años pasados, un teniente de la GNB destacado en Sanare, los ayudaba y prestaba la colaboración para, en actividad conjunta con la comunidad, hacer los procedimientos y recuperar los vehículos. Sin embargo, en la actualidad no cuentan con esa ayuda, pero destacó la colaboración que reciben de la Policía del estado Lara en dichos procedimientos.
Sobre los detenidos, Rita Pérez, quien es concejal del municipio, explicó que la actuación de los campesinos, quienes portaban armas caseras para su defensa, no resulta una contradicción respecto a la ley, «estamos hablando del empoderamiento del pueblo. Si las autoridades no hacen nada, ellos tienen que protegerse».
Danny Davides, caficultor, dijo que «el gobierno anda vestido de verde matraqueando y ‘choreando’ en las vías principales». Davides explicó que hace dos años fue víctima de un robo y, gracias a la actividad de las comunidades, logró recuperar su vehículo, «no vamos a financiar a los choros», comentó.
A la Asamblea Nacional
Por su parte Miguel Ángel Sangrinis, otro de los productores, indicó que las actividades de las comunidades no se quedarán allí, «esperamos llevar estos reclamos ante la Asamblea Nacional para que lo sepan todos».
Señaló la importancia que tiene el trabajo conjunto de los organismos de seguridad con la población general, «somos una brigada de vigilancia comunal».
En este sentido, el diputado suplente de la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, y Sagrario Pérez, del Consejo Legislativo del estado Lara, hicieron acto de presencia en los alrededores del Edificio Nacional, para «apoyar a los trabajadores».
Palacios explicó que, demanda una acción “efectiva” por parte del Gobierno nacional contra la inseguridad. Además, resaltó que, de ser necesario, llevará los reclamos de estas comunidades hasta la AN.
