Órganos del Poder Público venezolano utilizaron al menos diez estrategias para ocultar evidencias de tratos crueles o tortura, para evitar que las mismas fuesen denunciadas oportunamente, durante las detenciones ocurridas en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014.
La denuncia fue realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) en un nuevo informe titulado «Que no quede rastro», en el cual se documenta la vulneración del derecho a la integridad física durante las manifestaciones y aprehensiones que tuvieron lugar el año pasado, cuando se registraron al menos 854 heridos y lesionados.
En el informe explican que estas estrategias utilizadas por el Estado venezolano incluyeron «la incomunicación de detenidos, el traslado de lesionados a instituciones y hospitales militares, presiones a víctimas, el uso de la Defensa Pública para evitar denuncias, omisiones por parte de jueces durante las audiencias de presentación y desaparición de evidencias de malos tratos y torturas».
«Este tipo de conductas por parte de los funcionarios aprehensores se tornaron reiteradas, al punto de llegar a poner en peligro la vida de algunos de los jóvenes que habían sido detenidos, dado que, al impedir el acceso a ellos y a tener conocimiento sobre las condiciones físicas en las cuales se encontraban, se vio agravado el cuadro y el estado de salud de los mismos», advierte el informe del CDH-UCAB
Asimismo, el Centro de Derechos Humanos registra testimonios según los cuales «los funcionarios amenazaron a las víctimas con hacerles más daño o simplemente no prestarles la ayuda médica requerida si no se abstenían de declarar la verdad sobre lo acontecido».
Denunciaron «que en varias oportunidades, al momento de atender casos de personas heridas en manifestaciones, funcionarios de los cuerpos policiales y militares solicitaban a los médicos la entrega de objetos que constituían evidencia de lesiones sufridas por las víctimas».
Insistencia en mantener la defensa pública
En el documento afirman que se observó «una fuerte insistencia en que los jóvenes aceptaran la representación de defensores públicos designados por el Estado, cuyo comportamiento, pareció estar orientado a evitar que se dejara constancia de las lesiones en las audiencias de presentación».
