Caminito que un día: Uso del ágave en Venezuela (28)

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Narra Chío Zubillaga que en Atarigua vivía Chón Querales (Coronel Presentación) quien anhelaba alzarse o “pronunciarse” en alguna guerra, luego de los cinco años donde participó con gente de su etnia de la que era cacique, los ayamanes.

Un día llegó al pequeño poblado ayamán el rumor de una revolución. Chón reunió a su gente y dispusieron alzarse. Alguien preguntó contra quién iban a pelear y el cacique, que no lo sabía, pidió que llamaran a otro de sus hombres conocedor de acontecimientos caroreños.

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“Llegó Gabino [así se llamaba este baquiano], quien por venir a vender cocuy en carguitas a Carora (cuando el cocuy se vendía sin trabas fiscales que le han hecho poner los oligarcas que monopolizaban la industria del ron en Caracas) era especialista en el conocimiento de sucesos caroreños”. (Zubillaga Perera, 19.., Nº 4, II, p.60)

Varios aspectos merecen destacarse de esta cita:

a. Comprobación de que en Atarigua, municipio Torres, límite sur en el estado Lara del territorio Ayamán, se destilaba cocuy de finales del siglo XIX

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b. Información cierta de que los productores de cocuy, vendían en forma ambulante su pequeña producción, en este caso, sacándolo de Atarigua a Carora en barriles de madera, cada uno con capacidad para unos 28 litros, y dos de dichos barriles, formando “una carguita” seguramente transportada a lomo de burro.

c. Venta libre de cocuy a finales del siglo XIX.

d. Evidencia de trabas fiscales para la destilación del cocuy hacia la cuarta década del siglo XX que evidentemente favorecerían a “los oligarcas que monopolizaban la industria del ron en Caracas” como dice don Chío.

1. Campaña de Chío contra el consumo de aguardiente

En “El Diario” de Carora del 6 de noviembre de 1947, Chío Zubillaga publicó un artículo titulado “El Aguardiente envenena nuestros campos”, en el cual reitera esta idea ya expresada en una carta a Guillermo Morón. Dice:

“Como es bien sabido, los derechos que la Ley fiscal impone a la especie son, pudiéramos decirlo, exorbitantes; y no sólo de derechos pudiera hablarse, sino que al tenor de decires, de los cuales no me hago cargo por no estar enterado en la materia, los destiladores de aguardiente de nuestro humilde cocuy popular están tan estorbados legalmente por procedimientos dificultosos para sus modestos alcances de industriales que muchos creen que están especialmente destinados a obstaculizar la destilación de cocuy, industria de medianos, a favor de la producción de grandes industrias licoreras, que delatan ciertas oligarquías financieras de Caracas”.

Por supuesto que estas trabas fiscales generaban consecuencias generalmente bastante perjudiciales, tanto para la economía y tranquilidad de los humildes productores, como para la salud de los consumidores:

“…lo cierto es –escribe Chío- que para obviar las dificultades de la producción de cocuy y por aprovechamiento del valor de la especie, que eleva el impuesto que la pecha en cifras inauditas, muchos más audaces producen en alambiques carentes de condiciones adecuadas, y con materias fermentables diversas, entre las cuales entra la cocuiza, cantidades insospechadas de un licor que produce desvaríos en quienes lo toman…”

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