Los educadores de todos los niveles, y en especial los universitarios, tenemos la obligación de llamar a la acción en defensa del país, la constitución y sus ciudadanos.
Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez Corao, quien reiteró que no cesarán en su propósito de luchar por sus derechos como trabajadores al servicio de las universidades y en procurar un futuro mejor para todos los venezolanos.
“Nos negamos a aceptar la degradación moral y ética de la nación, del irrespeto a la Constitución, del robo masivo a los recursos nacionales, de la penetración del narcotráfico en todas las esferas del estado, tal y como lo evidencia la prensa nacional e internacional”, precisó.
Calificó como «inadmisible» que en las universidades del país todos los servicios estudiantiles de transporte, comedor, biblioteca y demás providencias estudiantiles estén a punto de extinción, aunado a serias dificultades de funcionamiento académico, operativo, laboratorios, insumos e infraestructura física, por falta de un presupuesto adecuado.
«En el aspecto salarial toda la comunidad universitaria hoy día está sometida a condiciones de gran pobreza, a tal punto que la supervivencia y no la educación y el trabajo, se ha convertido en la meta”, denunció.
El dirigente gremial universitario insistió en que es obligación de las casas de estudios superiores levantar su voz de protesta y caracterizar el régimen político sobre la base de una evaluación rigurosamente académica y asumir su responsabilidad de orientar al país.
«Defender nuestra universidad no ha sido fácil, mantener abierto nuestro Instituto de Previsión se hace cada vez más difícil, mantener con vida a nuestros gremios depende de todos. Por ello debemos activarnos para exigir al gobierno que busque la solución de los problemas planteados por las comunidades universitarias y el país”, sostuvo.
Por otra parte, lamentó que el Tribunal Supremo de Justicia sea un brazo político del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no permita que los otros poderes públicos resuelvan la crisis.
“El Tribunal Supremo de Justicia, convertido en el brazo leguleyo del partido de gobierno viola el texto constitucional y sus ejecutorias tienen como finalidad promover la frustración y la desesperanza e impedir una salida Constitucional y pacífica a la crisis que padecemos”, dijo.
