Oficialismo pide al Tribunal Supremo que declare nulas tres sesiones

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La bancada parlamentaria del oficialismo pidió al Tribunal Supremo de Justicia que declare nulas las tres últimas sesiones de la Asamblea Nacional, por considerar que las mismas entraron en desacato a la sentencia de la Sala Constitucional del 22 de abril, que suspendió varias disposiciones del Reglamento de Interior y de Debates.

El diputado Pedro Carreño consignó un recurso de amparo en el que acusó a la mayoría opositora del Parlamento de cometer «fraude».

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“Esta sentencia establece que la AN debe convocar las sesiones como mínimo con 48 horas de antelación, las últimas tres sesiones no cumplen con los establecido en esta sentencia”, explicó.

De igual forma, agregó Carreño, la directiva no respetó la «prohibición» expresa del TSJ de modificar el orden del día una vez que ha sido definido en la convocatoria a sesión.

Contra sus propios criterios

Esta nueva petición del PSUV hace referencia directa a la decisión N° 269 de la SC, con la cual esa instancia revivió una demanda ignorada por años que formuló en 2011 la entonces minoritaria bancada opositora de la Asamblea Nacional, contra la reforma al Reglamento de Interior y de Debates que diseñó y aprobó la mayoría oficialista de entonces, bajo la batuta de la diputada Cilia Flores.

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Los diputados opositores denunciaron oportunamente que los cambios adelantados por el PSUV eran inconstitucionales, ya que atentaban contra la participación de las minorías en el debate legislativo, y por ello pidieron la suspensión de una serie de artículos, solicitud que no fue atendida durante cinco años. La Sala «accedió» a desaplicar algunas de las disposiciones impugnadas cuando ya había cambiado la correlación de fuerzas políticas en la AN, y obligó a este poder a consultar con el Ejecutivo nacional la «viabilidad económica» los proyectos de leyes antes de su discusión.

Nulidad

Carreño alegó que las sesiones de los días 21 y 26 de abril, y del 3 de mayo, deben ser declaradas nulas porque no cumplieron con el nuevo orden de debate establecido por el TSJ, lo que a su juicio constituye un desacato. En consecuencia, según la lógica oficialista, resultarían írritas las actuaciones parlamentarias de estas sesiones, tales como la aprobación en primera discusión del Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos; sancionada en segunda discusión la Ley Especial para Atender la Crisis Humanitaria en Salud; voto de Censura contra el ministro de Alimentación, Marco Torres; aprobado en primera discusión el Proyecto de Reforma de la Ley de Telecomunicaciones, entre otras actuaciones.

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