Un llamado al Gobierno nacional a reconsiderar el decreto publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N◦6.241, de fecha 21 de julio del corriente año, mediante el cual se ordena la ocupación temporal de 60 inmuebles y terrenos en distintos sectores de la geografía nacional, que representan alrededor de 380 hectáreas de suelos urbanos, hace la Cámara Venezolana de la Construcción.
El planteamiento de la organización gremial, que agrupa a la mayoría de los constructores, se sustenta en razones como:
-No tiene sentido emprender nuevos desarrollos cuando el país entero está tapizado de múltiples construcciones de vivienda y servicios paralizados por falta de recursos, los cuales no cumplen sus objetivos si no se culminan. Para mencionar solo uno, en la región capital Ciudad Tiuna, es un ejemplo elocuente.
-En las 380 hectáreas afectadas, se estima pudiesen construirse aproximadamente unas 19.000 unidades de vivienda, que al costo promedio 73.000 US$/unidad de la Gran Misión Vivienda Venezuela, representaría un compromiso de inversión de 1.387 millones de dólares, más del 10% de nuestras reservas internacionales. Estimamos que en la crisis actual existen otras prioridades, tales como alimentos y medicinas.
-El país no puede continuar desarrollando la Gran Misión Vivienda Venezuela, bajo el modelo actual. El modelo no solo es insostenible en el tiempo, es altamente costoso para los estándares nacionales e internacionales y beneficia a un número muy reducido de familias.
-De contarse con los recursos, podría implementarse un mecanismo de subsidios directos a las familias que requieren vivienda, el cual estimamos en el orden de 15.000 US$/unidad. Con ese subsidio podrían promoverse aproximadamente 5 unidades de vivienda por cada vivienda que produce el Estado con el esquema actual.
-Es decir en lugar de promover 19.000 unidades de vivienda como se pretende, se podrían desarrollar con el concurso del sector privado nacional 95.000 unidades. Impulsando así el sector construcción, que actualmente registra 75% de desempleo.
-Las ocupaciones y/o expropiaciones de inmuebles, lejos de estimular la economía a través de la inversión privada, desincentiva la participación del sector privado de la construcción, que demanda un marco jurídico transparente que establezca, fundamentalmente, la defensa a la propiedad privada
La CVC manifiesta su disposición a reunirse con todos los entes gubernamentales, Ejecutivo nacional, Asamblea Nacional, gobiernos regionales y municipales, para discutir soluciones y aunar esfuerzos en beneficio del país y de los venezolanos, para presentar documento con propuestas para impulsar el desarrollo de la industria, el cual puede servir de base para el análisis y elaboración de políticas públicas, señala el comunicado.
