Frente a la propuesta de regularizar a las comunidades instaladas en las zonas de seguridad del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara detonaron múltiples opiniones, algunas de las cuales revelan que existe consenso entre los actores políticos del municipio, es decir, que guardan coincidencias. Por otro lado, están los expertos en la materia, quienes ventilaron sus discrepancias alrededor del hecho.
Estos especialistas dan lugar a las divergencias. Es oportuno destacar en este renglón a la Cámara de Palavecino, que dejó claro que el municipio no ha sido consultado por el cabildo de Iribarren en virtud de las acciones que se pretenden concretar.
En un tercer punto están los ausentes. Políticos, autoridades del aeropuerto, Bolivariana de Aeropuertos (BAER S.A.) y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), entes que han guardado silencio.
Actores que no se han pronunciado en torno a las áreas de seguridad del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, del eje metropolitano Barquisimeto-Cabudare.
Por iniciativa del periódico, se recopilan en esta serie de tres páginas que se publicarán en los siguientes días, las irregularidades latentes en las áreas sur y oeste del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, que han sido advertidas desde hace 15 días.
El debate se inicia luego de surgir dos demandas contra el Concejo Municipal de Iribarren.
Está el recurso de nulidad (parcial) por inconstitucionalidad y medida cautelar de suspensión del artículo 2, literal k de la Ordenanza de Ejidos y Terrenos de Propiedad Municipal del municipio Iribarren del estado Lara, por incorporarse como ejido no sólo el área donde se encuentra el edificio aeroportuario (aduana aérea de Barquisimeto), sino también la pista principal y calle de rodaje de los aviones, así como parte de la Base Aérea Vicente Landaeta Gil, donde actualmente se encuentra parte de la Aviación Militar Bolivariana. La demanda la introduce el abogado Emilio Urbina.
Por otro lado, está la demanda de BAER S.A., la cual señala que el Concejo Municipal de Iribarren realizó el acto legislativo bajo la indiferencia y descuido de apoyarse en los organismos e instituciones expertas en la actividad aeronáutica, aeroportuaria y de gestión de riesgo por tanto que los terrenos se encuentran ubicados en los espacios declarados como Zona de Seguridad, que deben estar protegidos, por sus restricciones para construir, edificar, implantar o colocar cualquier estructura que afecte la operatividad del aeropuerto. En consecuencia, se verá afectada la prestación del servicio. El aeropuerto, de no cumplir con las regulaciones aeronáuticas, lo rebajarán de categoría y podría sufrir hasta el cierre definitivo de las operaciones. Ambas demandas son estudiadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
¿Qué ha pasado?
Las opiniones han sido vertidas desde diversas aristas, comenzando por la naturaleza urbanística, legal, médica, de seguridad aeronáutica, militar y por supuesto, las de tipo político.
Al partir de la última noticia en cuestión, vale recordar que el 13.08.16 el comandante Luis Reyes Reyes, presidente de Corpolara, garantizó que hay un proceso de transferencia de las tierras (32 hectáreas) que son territorio ejido a las comunidades del sector. Asimismo, Diego Mendoza, director general de la Alcaldía de Iribarren ha sostenido que con títulos o sin títulos de tierra las personas van a seguir ahí. 11.08.16.
Estos elementos de pruebas apuntan hacia una realidad: existe consenso entre el oficialismo y la oposición sobre la regularización de las invasiones en los espacios de seguridad del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara (AIJL).
Ellos coinciden
Sobre la permanencia de los habitantes, sin analizar si es técnica, urbanística y jurídicamente viable, están los actores que han manifestado su voluntad sobre esta opción donde pareciera que no se cuidan las formas y se desconoce la opinión del Colegio de Ingenieros.
“Se ven más votos que caras”, afirmaría la concejal Milagro Gómez de Blavia (EL IMPULSO 27.07.2016).
Concejo Municipal de Iribarren
El tema sale al tapete tras la declaratoria de ejidos de tres (03) poligonales (216 hectáreas) en la parroquia Juan de Villegas. Se incluyeron las superficies donde se encuentran asentadas las comunidades irregulares. Dichas poligonales se ubican en la Zona de Seguridad del AIJL.
Primero se votó un Acuerdo de Cámara (C.M. 253-15), y posteriormente, la reforma de la Ordenanza de Ejidos del Municipio Iribarren.
Los concejales que conforman el bloque del GPP (PSUV-PPT-PCV) y los de la MUD votaron a favor, con el único voto salvado de la concejal Milagro Gómez de Blavia.
“El procedimiento legislativo pudiera estar viciado, ya que en esta reforma no se hicieron las consultas públicas que ha venido ordenando la Sala Constitucional del TSJ. Además, no existen informes en el expediente de la ordenanza que indiquen que BAER o el INAC se hayan pronunciado favorablemente”.
Esta coincidencia, de dejar a los ciudadanos en las zonas de seguridad del aeropuerto (cono y espacio transicional), es política consensuada entre el oficialismo y la oposición en el ámbito municipal.
Esa Ordenanza fue votada favorablemente por los concejales: Alejandro Natera, Teresa Linárez, Jesús Superlano, José Luis Ramos, Francisco Carmona, Martha de Leal, Gregoria Esther Camacho, Pedro Joel Mendoza, Cristóbal Marchán y Henry Ugas, tal y como se puede leer en la Gaceta Municipal nº 4.289 del 09.10.2016.
Alcaldía de Iribarren
Casi todas las dependencias se han pronunciado favorablemente, a excepción de la entonces directora de Planificación y Control Urbano (DPCU), arquitecto Zulay Briceño, quien desde el primer momento formuló observaciones sobre la declaratoria de ejidos sin evaluar los alcances urbanísticos de la propuesta.
Catastro y Sindicatura Municipal procedieron a avalar la declaratoria de ejidos. El primero mediante los planos que se anexaron a la propia Ordenanza (suscrito por el ingeniero Víctor Perozo), y Sindicatura Municipal, por dar el aval cuando se sanciona esta Ordenanza, sin objetar si la misma había cumplido con los requerimientos exigidos tanto en el Reglamento Interior y de Debates del Concejo Municipal como por las propias sentencias del TSJ, que han hecho énfasis en la necesidad que todo instrumento legislativo debe ser consultado.
La Consultoría Jurídica de la Alcaldía de Iribarren también dio el visto bueno al permitir que el alcalde, Alfredo Ramos, promulgara la Ordenanza y fuera pasada inmediatamente para su publicación en Gaceta Municipal.
¿Cómplices?
Durante 2016 la complicidad de la Alcaldía de Iribarren con el Concejo Municipal oficialista fue confirmada por el propio Alcalde Alfredo Ramos, quien en varias de sus declaraciones promete la entrega de títulos de propiedad en las zonas ocupadas irregularmente. (14.03.16. Más de 3500 familias serán beneficiadas en el Cono de Seguridad. Prensa Alcaldía de Iribarren).
Posteriormente, el Síndico Municipal, Jesús Pérez, aseguró a este diario (30.07.2016) que sí entregarán los títulos a las familias que viven en el área de seguridad del AIJL.
Pérez pone en el tapete, por primera vez, la tesis de la modificación de las normas urbanísticas (planes) que se encuentran vigentes.
Llama la atención el hecho notorio sobre la sustanciación de los expedientes para el otorgamiento de la titularidad en las áreas señaladas.
En reseña del pasado 11.08.2016 se publica la propuesta formulada desde la MUD, a través del concejal Joel Mendoza y avalada por el síndico municipal, sobre la reforma del artículo 117 de la Ordenanza de Ejidos.
Este artículo señala que “no se adjudicarán las parcelas de terrenos municipales, ni se substanciará expediente alguno, cuando ocurran las circunstancias que a continuación se determinan: (…) 6) Las zonificaciones como Av, Zp, y SC y las similares a ella en las Ordenanzas respectivas o las similares a ella en los planes nacionales (…)”.
Corpolara
Como única pieza que faltaba en este rompecabezas, está Corpolara con las declaraciones del comandante Luis Reyes Reyes, presidente de este organismo del Gobierno Nacional.
Según declaraciones a EL IMPULSO (13.08.2016) van a construir viviendas en la zona, y van a llevar al Consejo de Ministros una propuesta de transformar esas zonificaciones en Avivir, que el Presidente de la República va declarar para que puedan vivir allí esas personas.
Las declaraciones del Reyes Reyes ratifican la tesis del síndico municipal de Iribarren, de que toda norma es posible cambiarla por la mera presión social.
Reyes Reyes apeló a su condición de piloto y ratificó las palabras del síndico de Iribarren, así como, la intención del Alcalde Alfredo Ramos para otorgar títulos en dicha zona.
¿Acaso también el comandante Reyes Reyes no sería autor de delitos urbanísticos, si construye casas allí sin los correspondientes servicios, a sabiendas que no existe aval técnico-sanitario para edificar viviendas cerca de radares?
Se destaca que el Presidente de la República en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU) no tiene competencia para cambiar zonificaciones, como lo dijo Reyes Reyes.
Sólo al municipio Iribarren le correspondería hacerlo con el cuidado de la propia LOOU, al ser el Aeropuerto también para Cabudare, según el propio POU. El Municipio Palavecino debe obligatoriamente pronunciarse. No hacerlo implicaría la nulidad absoluta del Decreto Presidencial que ya puso en el tapete el Presidente de Corpolara.
Oficialismo y Oposición coinciden en Iribarren ante tal desbarajuste, que pudiera poner en peligro las vidas de esas personas que humildemente han sido manejadas por las autoridades para quedarse en áreas peligrosas para la salud como lo declararon expertos en aeronáutica a este diario. Estas coincidencias políticas también ponen en peligro las operaciones del aeropuerto Jacinto Lara.
Las preguntas
El abogado que representa oficialmente al municipio habla de entregar los títulos. Aseguró que los expedientes se encuentran aprobados para sólo esperar la desafectación del Concejo Municipal y posteriormente otorgar los títulos como muchas veces ha afirmado el alcalde. El artículo 117 de la Ordenanza de Ejidos prohibía eso. ¿Acaso modificando este artículo se libran de responsabilidades los que ya sustanciaron actos?
Queda en el aire la misma pregunta sobre la advertencia que hizo el abogado Emilio Urbina en este periódico (28.07.2016) sobre el hipotético enjuiciamiento del alcalde de Iribarren. ¿Acaso a los funcionarios que sí ejecutaron actos hasta el momento, no cometieron delitos urbanos? Para desafectar el ejido se requiere el voto de las tres cuartas partes de la Cámara Municipal (10 votos). ¿Qué concejales de la MUD votarán?
Primeramente, se sustancia el expediente en Catastro, luego pasa por el CLPP, seguidamente a la Contraloría Municipal y Concejo Municipal, donde se debe realizar una sesión para la desafectación con el voto de las tres cuartas partes. Luego, deben producirse dos discusiones adicionales para la cesión de los terrenos. Finalmente el alcalde entregaría los títulos. ¿Los entregará?
La norma
Cotejando con la Ordenanza de Zonificación del PDUL vigente (2003), se encuentran que los espacios donde están las ocupaciones irregulares, muchas de ellas se encuentran en Áreas de Protección Urbana (APU) o en la zonificación institucional-administrativa que establece el propio PDUL, específicamente en el artículo 57.
Existe otro plan traído a colación por el arquitecto Wilmer González, además, mencionado por el propio abogado Jesús Pérez en sus declaraciones, y es el Plan de Ordenación Urbanística del Eje Metropolitano Barquisimeto-Cabudare (1999) (POU). Dicho instrumento nacional, contempla que el aeropuerto tiene una zonificación especial, sobre la cual, no se puede hacer ninguna otra actividad o construcción que la aeroportuaria. Esto fija el plano de zonificación del PDUL que concreta el Plano del POU.
En el plano del PDUL se encuentra que existen dos poligonales, una marcada propiamente con la zonificación (color gris) de Aeropuerto, y la otra en verde (Parque metropolitano). Es decir, que estas áreas existen usos muy bien definidos, como bien lo señaló el arquitecto Wilmer González en su entrevista a esta diario (29.07.2016) y que mostró su preocupación sobre cómo las actuales autoridades municipales han manejado este caso.
Esos usos imposibilitan que se asienten casas o cualquier otra construcción que implique permanencia humana. Ni siquiera el centro comercial que tanto menciona el concejal Natera y los líderes de la invasión (Carolina Carrasco), que supuestamente se pensaba edificar, no pudiera construirse.
