Actores de diversos ámbitos se han pronunciado en torno a la realidad que envuelve al Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, ocupado ilegalmente en su zona de seguridad. Casi todas las cartas han sido puestas sobre la mesa a propósito de este debate abierto a todos aquellos que bien pudieran ofrecer soluciones al respecto.
Pero, en virtud de la controversia, en la que hemos reunido declaraciones a favor y en contra de la regularización de las invasiones, también es evidente el silencio de otros actores que pudieran iluminar el panorama. Amén de la envestidura que ostentan y su compromiso con la sociedad.
¿Dónde está la autoridad aeronáutica venezolana?
La primera ausencia que notamos es la del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). Que vale decir, según la Alcaldía de Iribarren, tampoco asistió a las discusiones sobre la situación en cuestión. Sin embargo, cabe señalar que ante ese vacío, la municipalidad debió abstenerse de cualquier acto administrativo relacionado con el área de seguridad del aeropuerto.
El INAC debió pronunciarse desde el inicio.
Este ente público, según la Ley de Aeronáutica Civil, es el órgano con competencia para establecer y cumplir las reglas de seguridad aeronáutica en Venezuela.
Las RAV (Regulación Aeronáutica Venezolana) la consagran como la única autoridad en esta materia.
Desde el principio el INAC no ha manifestado su opinión sobre si las ocupaciones irregulares en las zonas de seguridad (sur) o cono de seguridad del Aeropuerto Jacinto Lara han sido violentadas.
No hemos visto ningún pronunciamiento, así como lo han manifestado concejales y funcionarios del municipio Iribarren, ellos jamás han consignado informe alguno o notificación sobre el proceder del municipio al momento de haber declarado ejidos ni mucho menos ahora cuando la titularidad de esas tierras se encuentra en puertas.
¿Dónde está la opinión necesaria del administrador del aeropuerto?
El segundo actor es Bolivariana de Aeropuertos, S.A. (BAER). Tampoco asistió a los llamados de la Alcaldía de Iribarren.
Sólo tenemos conocimiento de la demanda de nulidad contra la declaratoria de ejidos introducida el pasado 15 de julio de 2016, donde manifiesta en el libelo, la inconstitucionalidad del actuar del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren.
BAER fuera de esta actuación en tribunales, no ha manifestado su opinión, ni siquiera, a través de comunicados oficiales u otros canales propios de estos órganos del Estado venezolano.
BAER como explotador del aeródromo es el custodio de los bienes del aeropuerto. Cuando se declaró ejido parte de la pista, el terminal aéreo y otras áreas de seguridad, no se conoció al público la opinión de esta empresa del Estado venezolano.
BAER debe estar consciente que cualquier omisión en el resguardo de los inmuebles que conforman al aeropuerto, traería daños considerables a la República.
Una declaratoria de ejidos prácticamente es el desconocimiento del municipio Iribarren del carácter dominial de los bienes públicos nacionales, demostrando el Concejo Municipal de Iribarren una total ignorancia en cuando al régimen jurídico del patrimonio público.
En la demanda, BAER deja claro que esos terrenos declarados como ejidos (aeropuerto, Base Aérea Vicente Landaeta Gil, pistas y áreas de seguridad) están directamente conectados con las áreas que se encuentra en la zona de seguridad del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara.
¿Dónde está el Gobernador del estado Lara?
Esta es otra ausencia lacerante.
El Gobernador del estado Lara, Henri Falcón, debe responder por la dudosa garantía de servicios que emitió Hidrolara el año pasado, donde, garantizan apenas 36.000 litros por día para todas las familias que se encuentran en las áreas invadidas.
El arquitecto Ángel García fue enfático en establecer que esta garantía era inconsistente en relación a que en el sector no existe la capacidad para abastecer de agua en cantidad suficiente para las 3.500 familias.
También, en el caso de conseguir el vital líquido, es irrisorio el volumen señalado en el documento de Hidrolara. El Gobernador del estado tampoco se ha pronunciado, cuando, hasta hace dos años y medio era quien administraba el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara.
El gobierno del estado Lara debe conocer con todos los detalles estas invasiones, debiendo explicar a la colectividad, ¿por qué permitió que siguieran creciendo las ocupaciones, cuando se puede verificar que la explosión de las mismas comenzó en 2008?
¿Dónde está la opinión del Consejo Legislativo del estado Lara?
La plenaria no ha abordado el tema en ninguna de sus sesiones desde que se inició la polémica en relación al aeropuerto del estado Lara
