No se puede allanar inmunidad parlamentaria por opinión

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De ignorancia total y desconocimiento de la Constitución calificó el diputado Accion Democratista Edgar Zambrano, perteneciente a la bancada representativa del estado Lara, la amenaza hecha por la titular del ministerio de la Mujer, Gladys Requena, de acudir al Tribunal Supremo de Justicia paraque le levante la inmunidad parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional, abogado Henry Ramos Allup, por el supuesto delito de misoginia.

La funcionaria, expresó el también profesional del Derecho, desconoce el procedimiento a utilizar  la solicitud para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.

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Este proceso se lleva a efecto cuando la propia cámara legislativa en sesión acuerda levantar la inmunidad de un parlamentario; pero, para eso se requiere una serie de requisitos que perfectamente están establecidos en la norma.

Ignora esta señora que los funcionarios en ejercicio público están expuestos a la réplica y contra réplica no sólo de actores iguales, sino de la propia pública e incluso de los  medios de comunicación social.

Cuando se emite una opinión, evidentemente, no se ataca a la persona sino lo que representan como institución.

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Si un representante de un poder, sea hombre o mujer, identifica a ese poder y, en consecuencia, los ciudadanos atacan las decisiones que bajo la investidura de esa función tomen los que tienen el cargo. Eso ocurre con los funcionarios de elección popular o los representantes de cualquier de los cuatro poderes restantes al Legislativo.

No se puede evadir la crítica de cualquier tipo o tratar de endosar a que la hace. Eso no tiene ninguna valoración. Recordemos que los parlamentarios, de acuerdo al texto constitucional, son irresponsables en la emisión de los criterios.

De manera que no es atacando la institución de la inmunidad parlamentaria que se va a lograr de alguna manera doblegar, cercenar o acallar la función de la réplica de carácter constitucional que ejerce el parlamentario en sus funciones. Para eso fue investido por el poder popular que ejercen los ciudadanos a través del voto. y por esa misma razón fue proclamado y juramentado por el propio Poder Legislativo.

De modo, pues, que la amenaza que hace la funcionaria no deja de ser una vulgar trapisonda, una triquiñuela, para favorecer a alguna persona o tratar de tener figuración pública a través de los medios; pero, que no tiene ninguna connotación ni legal, ni política.

Corresponde a esos episodios risibles a que nos tienen acostumbrado funcionarios y voceros del partido del gobierno para desfigurar la realidad política nacional.

Lo que hace el compañero Henry Ramos Allup, en forma permanente a través de sus opiniones que recogen los medios, es desnudar realidades de graves irregularidades en la conducción del Estado, de hechos que constituyen  abuso de poder por parte de organismos que violentan continuamente la Constitución y las leyes.

Para los parlamentarios declaraciones como la de la funcionaria, no pasan de ser pésimos fuegos pirotécnicos de la politiquería.

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