AN discute sobre la crisis social de niños y adolescentes

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Un debate sobre la crisis social que padecen los niños y adolescentes en la actualidad, se generó este miércoles en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN).

La bancada de la unidad de manera unánime aseguró que el Gobierno nacional es el principal responsable de que al menos el 40 % de los niños sufran de desnutrición; mediante materiales audiovisuales se mostraron declaraciones de los menores de edad, quienes indicaban no haber desayunado ni almorzado, y donde además se notaba que tenían bajo peso.

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No obstante, la representación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) argumentó que desde que inició el proyecto político, los derechos de los niños siempre han significado una prioridad y la entrega de computadoras canaimas es una muestra fidedigna.

Destacó que el Gobierno ha sido reconocido por organizaciones internacionales, debido a la promoción de políticas que no solo han reducido la pobreza alcanzada en otros periodos, sino también la desnutrición. En este sentido fue aprobado un Proyecto de Acuerdo en el cual se exhorta a la Comisión Permanente de Familia a presentar un informe sobre el acceso a los alimentos y las posibles soluciones; además se insta a la Unicef y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a trabajar de la mano con dicha comisión en pro de ofrecer respuestas a los niños y adolescentes.

 

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Producción nacional

De igual manera fue sancionada la Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, en la que básicamente se persigue terminar con el presunto negocio que pudiera tener el Gobierno en materia de importación y ofrecer productos con sello venezolano.

Según consideró el parlamentario Ezequiel Pérez, la expropiación de las empresas fue absolutamente planificada, con el objeto de adquirir los rubros a dólar preferencial.

«Nosotros para mejorar la producción tenemos que trabajar, hay que indemnizar a esas empresarios que fueron expropiados hace 18 años, que no les han pagado», indicó.

De igual forma, su colega Carlos Paparoni, señaló que una harina traída de Colombia se ofrece en el mercado a 2 mil bolívares, mientras que la producida en el país debe venderse en 190 bolívares, cuyo precio no se corresponde a la realidad.

“A partir de enero no tendremos arepas en nuestras casas porque han cometido el delito de apostarle a la importación (…) Hace falta una Ley de Producción Nacional que apueste más a lo nuestro”, aseveró.

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