Instan al Poder Judicial a respetar derechos de presos políticos y familiares

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Un grupo de familiares de presos políticos en compañía de diputados a la Asamblea Nacional (AN), acordaron este martes exhortar al Poder Judicial a que acate las mínimas condiciones para el recluso y para los familiares que deben someterse a constantes requisas.

Antonieta Mendoza de López, indicó que fueron recibidos por la presidencia, el jefe de la fracción opositora, Stalin González, y por la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, a quienes les manifestaron la necesidad de que las autoridades respeten los derechos humanos de ciudadanos cuyo único delito ha sido pensar distinto a los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

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Ana María Da Costa, hermana de Vasco, aseguró que como familiares, han sido víctimas de tratos inhumanos pues son obligados a desnudarse o a “dar saltos” para poder ingresar.

Relató que en lo particular, tiene dos años y siete meses sin ver a su hermano porque se niega a ser revisada por los efectivos de seguridad.

“A una persona no se le puede chantajear su honor para poder ver a un preso. Al parecer yo no tengo derecho a sentarme a comer con mi hermano porque es un preso y no está de acuerdo con lo que está pasando. Por qué alguien tiene que ser desnudado, obligado a mostrar sus partes íntimas”, cuestionó.

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Mientras que Oriette Shadendorft Capriles, hija del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, agradeció a los diputados por el recibimiento y en nombre del Comité de Familiares de Presos Políticos manifestó su apoyo al “único” poder que cuenta con el respaldo popular y por lo tanto es legítimo.

“Los únicos que nos representan están en la AN. Sobre su cabeza y la de sus familiares pesan amenazas de prisión, son víctimas de un chantaje permanente; pretenden autocensurados y son agredidos por trabajar por el país”, expresó.

Durante el encuentro también admitieron realizar una sesión especial el próximo 11 de abril en las inmediaciones de la cárcel militar Ramo Verde, crear un grupo de trabajo para dar seguimiento a los casos de todos los presos de conciencia e incluir a familiares y abogados defensores en las instancias que a bien tengan discutir la situación política del país.

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