No es un montaje la extorsión en caso de Gilson Barroeta (FOTO)

Marlyn Silva | Foto: Cortesía |

En respuesta a las declaraciones dadas por el abogado defensor de Gilson Mauricio Barroeta Florez, Pedro Troconis, sobre la forma cómo se ejecutó el procedimiento en el que fue detenido su cliente junto con otros dos hombres el 18 de febrero, en Barquisimeto, la responsable legal de la presunta víctima de extorsión declaró a EL IMPULSO que poseen las pruebas de que, en efecto, Barroeta amenazaba al denunciante.

De acuerdo a Troconis, el procedimiento en el cual fue aprehendido Barroeta fue un “montaje”. Para el momento cuando fue consultado por este rotativo sobre el caso, este jueves, también sostuvo: “Nunca hubo alguien que estuviese llamando para quitarle dinero en contra de su vida o de su familia. Era una simple exigencia que hacía por el dinero de una camioneta a través de mensajes vía WhatsApp (…) y lo que llegó a decirle es que lo iba a denunciar por estafa”.

A este relato de los hechos la abogada Betzabé Colmenárez, representante legal de Ramón Alexander Escobar Luque, quien denunció ante el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), refutó: “Todo eso es mentira, porque la Fiscalía del Ministerio Público no se va a prestar para un montaje. Un montaje es cuando se simula un hecho punible y ahí no se simuló nada. A mi cliente lo estuvieron llamando y le estuvieron mandando muchos mensajes. Mi cliente recibió durante más de un mes amenazas y desesperado sin saber qué hacer, acude a los organismos de seguridad del estado, muestra los mensajes y el cuerpo de seguridad le dice que está siendo víctima de extorsión”.

“Te voy a m…”, “Voy a ir al colegio de tus hijos”, presuntamente, eran algunos de los textos enviados desde el teléfono de Barroeta al de Escobar. De comprobar la veracidad de este elemento se encarga la unidad de criminalística del Ministerio Público, a partir de las conversaciones de los celulares de estos dos hombres y el de la esposa de Escobar, porque ella también “fue sujeto de extorsión”, abundó la abogada.

La deuda que presuntamente tenía Escobar con Barroeta por la compra de dos vehículos, una Land Rover y un Lexus, fue negada por Colmenárez, pues, según la información manejada por ella, el valor total había sido cancelado y fue una transacción completada el año pasado. “La deuda no existe porque ya se comprobó que no existía por la parte civil. Entonces, él (Barroeta) en vez de demandar por la vía civil, como debe ser, empieza a extorsionarlo y a amenazarlo”, indicó.

La irregularidad con la negociación comenzó, presumiblemente, porque Barroeta intentó a través de un tribunal quitarle los carros una vez que habían sido pagados y no lo logró. En ese momento, se comprobó que Escobar había cancelado la suma y le dieron un sobreseimiento.

La abogada no precisó el monto exacto por el cual su cliente hizo la compra, solo aportó que fue en dólares por unos carros de último modelo.

Aparentemente, Barroeta vendía vehículos, los traía desde el extranjero y las negociaciones no eran transparentes. Por ser vecinos en Barquisimeto, se produjo el enlace para la adquisición de los vehículos. Sin embargo, en un documento donde hay estampadas las firmas de ambas partes, el detenido por el Conas afirma que los carros son de su propiedad.

Como parte de la investigación también se insertan las armas encontradas en la casa de Barroeta, en la urbanización Monte Real de la capital larense, dos pistolas calibre 9 milímetros y una calibre 45.

Sobre este elemento, Colmenárez precisó que a los permisos no se le han practicado las experticias de ley y tienen una firma irregular, en contraposición a lo dicho por Troconis, quien afirmó la legalidad de todas y que su defendido las posee desde hace 12 años, cuando Barroeta tenía 24 años de edad (actualmente tiene 36).

En ese mismo allanamiento, al parecer, se encontraron municiones de uso prohibido, material que también está siendo investigado.

Barroeta detenido y Escobar con medida de protección

Desde el 18 de febrero Barroeta está privado de libertad de forma preventiva mientras la Corte de Apelaciones del estado Lara toma una decisión.

En la audiencia del martes el juez cuarto de control, Edgardo Sánchez, acordó nulidad de todas la acciones, determinó que no había flagrancia y le otorgó libertad plena. Pero, la fiscal cuarta del Ministerio Público, Yaritza Berríos, introdujo un recurso de apelación.

“Evidentemente ante estas atrocidades, ante estos adefesios jurídicos -con las llamadas amenazantes, mensajes, todo está en el expediente, a todo se le ha hecho la experticia de ley-, la Fiscalía sabiéndose con la razón ejerce lo que llamamos el efecto suspensivo de la libertad”, recordó la representante legal de Escobar.

Barroeta está imputado por extorsión, según el artículo 16 de la Ley contra Extorsión y Secuestro; por agavillamiento, dispuesto en el artículo 286 del Código Penal y por tráfico ilícito de armas en modalidad de ocultamiento, previsto y sancionado en el artículo 124 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

A las otras personas involucradas en el caso, a entender, Robert David Zapata Aldana (sargento primero de la Guardia Nacional) y Eliomar Jesús Aponte Mendoza, detalló Colmenárez, se les otorgó medida cautelar.

En la audiencia del martes, subrayó la representante de la presunta víctima de extorsión, el juez aprobó una medida de protección para Escobar y esto contraría el acuerdo inicial de nulidad del proceso: “Quiero que quede algo claro: el juez dice que no hay nada, pero acuerda la medida. Cuando la víctima le solicita las medidas cautelares de protección para él y su familia, el juez las acuerda. Es el contrasentido de la audiencia”.

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