Delito ambiental en extracción de granzón

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El Concejo de Mineros se dedica a la extracción de granzón en más de dos hectáreas del sector El Turbio, ubicado en la comunidad de Santa Rosa. Los miembros de la agrupación aseguran que es un trabajo legal al cual se han dedicado por más de 50 años.

El miembro del Consejo de Mineros, Marcos Méndez, destacó que el trabajo que efectúan es completamente artesanal. Cada gramo del material es extraído de la zona  mediante palas y martillos.

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Además, se encargan de cumplir  los requisitos de compensaciones ambientales, con la forestación de 12 hectáreas de árboles en la comunidades y la donación de comida y medicina a los miembros de Santa Rosa, ante eso, poseen una solvencia moral, ambiental y social.

Sin embargo, su función se vio interrumpida cuando al terreno ingresaron trabajadores de una empresa que fue expropiada hace aproximadamente un año, La Pedrera, según lo indicó Méndez, quien detalló que este grupo de invasores quisieron tomar el control completo del río, escudándose en la Gran Misión Vivienda Venezuela.

“Piensan que puedan hacer lo que quieran y pasar por la ley porque tienen peso político y son familiares del comandante Luis Reyes Reyes.

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En la mañana de este miércoles nos acorralaron sus escoltas y enviaron a funcionarios del Conas a que nos amenazaran con armas para que saliéramos del lugar. Nosotros luchamos por una causa justa y   ellos no están acostumbrados a eso”.

Delito ambiental

Sin embargo, Méndez asegura que el principal problema de la invasión no es la apropiación de su lugar de trabajo por parte de los empleados de La Pedrera. El conflicto, según su criterio, radica en todo el daño ambiental que la empresa origina al usar maquinaria pesada en el lugar y socavar la tierra sin ningún estudio previo.

El vocero del Consejo Conservacionista Ambiental y Minería Divina Pastora, José Colmenares detalló que  las excavaciones de la organización El Pedrero están llegando al lecho del Río Turbio, donde está la arcilla, lo cual es algo no permitido.

Frente a esto, el Consejo invitó a periodistas de El IMPULSO a acercarse en la zona para efectuar una medición de la amplitud del daño ambiental que la corporación realiza. Evidentemente la medición demostró que la empresa La Pedrera viola su registro de ocupación.

La calza del mismo debía ser de 22 metros y ya se ubica en los 39,5; de igual manera las excavaciones según la normativa tenían que ser de un metro y 20 centímetros y, la profundidad de la misma oscila en los 2 metros de profundidad.

“El colchón de protección fue sacado completamente. No podemos seguir permitiendo este delito ambiental.

Si cavan de talud a talud  toda la zona protectora procederá a derrumbarse cuando vengan las crecidas de agua, esa es la importancia de respetar la calza,  garantizar que el cauce  vaya por el centro del río.

Cuando vengan las próximas crecidas de agua, si esto no se detiene, va a tener un impacto directo en el talud, vendrá el socavamiento y derrumbes en la comunidad”, dijo Colmenares.

Sin respuestas

Ante eso, los miembros de Consejo denunciaron lo sucedido ante el Instituto Nacional de Tierra (INTI) y Ministerio del Ambiente pero hasta al momento no han obtenido ninguna respuesta.

“Sabemos que las instituciones les montaron los permisos en tiempo récord por intereses políticos y estamos más que conscientes que en ningún momento el Ministerio vino a efectuar una inspección.

Todo lo hicieron a escondidas, eso nos demuestra que fue realizado en base a corrupción y que les pagaron a los funcionarios para que les dieran las providencias y todas esas inspecciones ficticias”, expresó Colmenares.

 

 

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