El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB) emitió este miércoles un comunicado público en el cual expone su preocupación por los acontecimientos que se han sucedido en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, cuando la población salió a la calle a protestar contra las políticas del gobierno del presidente Daniel Ortega que consideran injustas.
A más de un mes del estallido social, el CEP-UCAB “condena los excesos en el uso de la fuerza y la violación de las garantías ciudadanas por parte del Gobierno de Nicaragua y lo exhorta a poner control a las instancias represivas, estatales y paraestatales, a quienes se sindica de perpetrar todo tipo de agresiones y crímenes, mayormente contra adolescentes y jóvenes”.
El comunicado, firmado por el director de este Centro de Estudios, Benigno Alarcón, refiere que este 4 de junio, el portavoz del principal organismo hemisférico en materia de Derechos Humanos, como es la Comisión Interamericana de la OEA, elevó a 127 los homicidios y a más de un millar los heridos producto de la represión policial y parapolicial.
Y agrega que el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrau, al presentar ese balance sangriento hizo parangón con las protestas que se produjeron en Venezuela en 2017, cuando jóvenes y estudiantes universitarios acabaron muertos, presos, desaparecidos y torturados por la acción de los organismos de seguridad del Estado y de sus grupos armados aliados.
“Al igual que sucedió en Venezuela el año pasado, en Nicaragua han sufrido también los campus universitarios, que deben ser inviolables. Así, las sedes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) –esta última cofrade de la UCAB como miembro de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina– han sufrido las consecuencias directas de la violencia y los destrozos”, indica el comunicado.-
Asimismo aprovecharon la oportunidad para solidarizarse con las casas de estudios nicaragüenses.
“Enviamos un especial apoyo al rector de la UCA, padre José Alberto Idiáquez, s.j. y repudiamos enérgicamente la amenaza de muerte proferida en su contra por apoyar el reclamo de los estudiantes y abogar por el diálogo. Como ya lo hizo el Padre Provincial de los jesuitas en Centroamérica, Rolando Alvarado, es el gobierno de Daniel Ortega el responsable de que se respete la integridad física del rector Idiáquez”.
Finalmente resaltan que elevan su voz al reclamo hemisférico para que en Nicaragua cese de la represión, se respete el derecho a la protesta pacífica y el reclamo de los ciudadanos a favor de la democracia sea atendido.
“Nos sumamos a la exigencia que hizo el Episcopado de ese país para que la CIDH pueda hacer sus investigaciones con libertad y se castigue a los responsables”, señala el Centro de Estudios Políticos de la UCAB.
