Gobierno Español otorgará permisos de residencia a venezolanos por crisis humanitaria #19Oct

José Enrique Arévalo - @interkike7 | Foto: Cortesía El País |

El criterio que ha empezado a utilizar la Audiencia Nacional para autorizar la residencia en España para los ciudadanos venezolanos que no cumplen con los requisitos habituales y necesarios para el derecho de asilo, es el “permiso de residencia por razones humanitarias”.

Es muy reciente el cambio de criterio que se ha tenido, por lo cual aún no ha sido asumido por todos los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, quien es la encargada de resolver los recursos contra las denegaciones de solicitudes de asilo presentadas ante el Ministerio del Interior.

Tomando en consideración estos criterios, aún no se dan los necesarios para otorgar la llamada protección subsidiaria, que es la otra vía habitual para proteger a ciudadanos de otros países, donde se consolida al determinar que existe algún riesgo real de que, en caso tal de volver a su país de origen, puedan sufrir algún “daño grave”, por situaciones de “violencia indiscriminada”.

A pesar de que no se cumplan esta serie de requisitos, la Audiencia Nacional ha comenzado a tomar a considerar que debido a la situación de emergencia que se está viviendo en Venezuela, es posible justificar que España comience a proteger plenamente a los ciudadanos venezolanos que emigren al país europeo por razones humanitarias.

La decisión que fue tomada el pasado 26 de junio, constó con que los jueces tienen en consideración los últimos informes internacionales que han alertado sobre la situación vivida en Venezuela.

Así mismo, se consideran otros textos, donde aluden al dictamen sobre prácticas de derechos humanos para 2017 del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”.

Basándose en dichos textos y diversas situaciones, los jueces han comenzado a enmarcarse en dicho contexto sobre las peticiones de asilo que se han generado, advirtiendo así que hay que valorar la situación personal por la que cada solicitante ha sido partícipe.

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