La sociedad venezolana hoy exige a gritos normalidad política, económica, institucional y social

Juan Bautista Salas | Foto: Archivo IMP |

Su condena a los actos violentos, dirigidos a obstaculizar el acceso de la mayoría de los diputados al recinto legislativo, con la finalidad de entorpecer la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, para lo cual se hizo uso de la fuerza pública, mediante la actuación de los órganos de seguridad del Estado.

Advierte el empresariado que estas acciones socavan la legitimidad de cualquier acto realizado en tales condiciones y cercenando el cabal ejercicio de las funciones constitucionales por parte de los representantes de la institución parlamentaria legítimamente electa por el pueblo en 2015 y reconocida por casi 60 países del mundo.

Preocupa al sector productivo nacional representado en Fedecamaras el negativo impacto que viene generando la creciente conflictividad política y social presente en el país, así como las conductas anárquicas de ciertos actores en el ejercicio y abuso del poder, atentando contra la institucionalidad y la anhelada estabilidad política del país, en deshonra de los venezolanos, de los símbolos patrios y de la dignidad de la República.

Señalan que es responsabilidad del Estado promover un clima de paz y garantizar el respeto al estado social de derecho que establece nuestra Constitución, para mantener las condiciones esenciales de convivencia social y de democracia. Desconocer y violentar ese principio de legalidad es desconocer el imperio de nuestra Carta Magna aprobada por voto popular en 1999.

Advierten que la inestabilidad política se traduce en un grave obstáculo para el normal y sano desenvolvimiento de la sociedad y profundiza el sentimiento de desasosiego y desesperanza de la población, ya gravemente lesionada por el efecto perturbador de las erradas políticas públicas del Gobierno que perjudican la economía, la actividad productiva y comercial, el acceso a las fuentes de empleo, el poder adquisitivo del salario, y, en definitiva, la supervivencia y calidad de vida de los venezolanos.

La conflictividad nos aleja cada día más de la posibilidad de recuperar la economía y la senda de crecimiento del país. Venezuela requiere paz y la seguridad jurídica para generar la confianza necesaria que permita impulsar y atraer la inversión nacional y extranjera, así como el desarrollo de las iniciativas de emprendimiento.

Señalan que anhelan un país de justicia, donde se garanticen las condiciones del libre ejercicio y respeto del voto popular, donde la función del Poder Legislativo esté dirigida hacia toda la Nación, en la cual deben convivir, a pesar de sus diferencias, todas las tendencias políticas en beneficio del país.

Estiman que las políticas públicas deben convertirse en un elemento habilitador y dinamizador de las fuerzas emprendedoras de la economía y del mercado, contemplando incentivos a la producción, la sostenibilidad y crecimiento del número de empresas, la generación de nuevos empleos y de un mayor estadio de bienestar y progreso para la población, erradicando el hambre y la pobreza.

“Hoy, la sociedad venezolana exige a gritos normalidad política, económica, institucional y social que propenda al desarrollo sostenible, al crecimiento y al funcionamiento armónico de la República”, dice el comunicado.

Destacan que Venezuela exige transitar un camino hacia la salida pacífica y democrática que ponga fin a la crisis y permita construir soluciones inclusivas que resuelvan los graves problemas que afronta.

Aseguran que el país tiene solución, formulando la invitación a todos los venezolanos, sin exclusión, para abogar por la democracia para construir juntos la Venezuela del futuro, pujante, incluyente, moderna, estable, innovadora y llena de oportunidades para todos por igual.

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