La lógica, la ética y el Derecho indican que con Nicolás Maduro en el poder no puede haber elecciones.
El Dr. Miguel Soto, abogado constitucionalista, esgrime que la razón fundamental es que tanto la población, en su mayoría, considera que Maduro violentó la Constitución cuando convocó unas elecciones extemporáneas, ya que las anticipó. Al mismo tiempo fueron inhabilitados dirigentes y partidos políticos. El ventajismo oficial fue abrumador y escasa la participación de electores. No hubo verificación del proceso por parte de reconocidos organismos internacionales. Y la comunidad internacional consideró, como en efecto había ocurrido, de que todo un fraude.
Partiendo de este hecho, no se puede ir a unas elecciones cuando al frente del Ejecutivo está un usurpador, que tiene secuestrados a los demás poderes y desconoce al Legislativo al montar una Asamblea Nacional paralela con la Constituyente y otra encabezada por Luis Parra, con el fin de impedir la operatividad de Juan Guaidó. Se trata de una tiranía.
Grave resulta que los miembros del régimen y sus colaboradores hayan sido sancionados por violar la Constitución, los Derechos Humanos, asesinar a opositores (Oscar Pérez, Fernando Alban, capitán Rafael Acosta Arévalo y el exterminio de más de siete mil personas por los organismos de represión) y corrupción, además de tener acusaciones de narcotráfico y venta ilegal de minerales.
De acuerdo con la Constitución, para que haya elecciones debe haber un gobierno de transición presidido por el presidente de la Asamblea Nacional, que sería Juan Guaidó. Y, por supuesto, efectuado por un nuevo Consejo Nacional Electoral, confiable, transparente y ceñido a lo establecido por la ley que lo rige y el texto constitucional.
