Chile debe empezar a prepararse para vivir una “nueva normalidad” a pesar del coronavirus que implica retornar gradualmente a clases y al trabajo presencial pero con estrictas medidas sanitarias, dijeron el lunes las autoridades.
“Tenemos que ir retomando esta nueva vida”, sostuvo la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en sintonía con el presidente Sebastián Piñera, quien el domingo por la noche indicó que hay que alistarse “para esta nueva normalidad, en que deberemos vivir con el coronavirus entre nosotros por un período que estimamos en hasta dos años”.
Daza enfatizó que, “de una manera muy responsable, muy cuidadosa, tenemos que ir retomando esta nueva vida”.
Agregó que desde la llegada del virus a Chile el 3 de marzo -que al momento ha dejado 10.507 contagiados y 139 fallecidos- la tasa de contagio de una persona a otra ha bajado de 2,6 a 1,3.
Chile aún no ha alcanzado el pico de contagio que se espera para fines de abril y comienzos de mayo.
Piñera retrocedió en su intención, cuestionada por amplios sectores, de que los trabajadores del Estado volvieran este lunes al trabajo presencial y que el regreso a las aulas fuera el 27 de abril. Ambas actividades se retomarán gradualmente en mayo.
Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador condenó que grupos del crimen organizado repartan ayuda y productos de primera necesidad pero reconoció que este tipo de prácticas son inevitables.
“Es algo que se da, no se puede evitar, le ponen hasta el letrero de la organización a la que pertenecen”, enfatizó.
Que los carteles repartan dinero, ayuda o juguetes en Navidad no es nada nuevo en México, donde es habitual que se presenten en sus feudos como benefactores de los ciudadanos para garantizarse cierto apoyo social.
En medio de la pandemia la situación se ha repetido. Primero fue en Tamaulipas -en la frontera noreste del país- donde las autoridades investigan el reparto de cajas de alimentos con letreros del Cartel del Noreste, lo que queda de los sanguinarios Zetas.
Lo mismo pasó en Sinaloa, en el Pacífico, donde también se constató en las redes sociales el reparto de cajas con ayuda y con el retrato del líder del cartel pintando en ellas.
Aunque el gobierno federal de México todavía no ha decretado el aislamiento social obligatorio, gobernadores de tres estados ya pusieron en vigor estrategias más agresivas para restringir la movilidad de sus ciudadanos.
En el occidental estado de Jalisco, su gobernador Enrique Alfaro dijo la víspera que el aislamiento voluntario no ha dado los resultados esperados y anunció que a partir del lunes será obligatorio el uso del cubrebocas y la fuerza pública obligará a los ciudadanos a mantenerse en sus casas. Sólo está permitido salir para comprar alimentos o medicinas, ir al médico o al banco o cuidar a dependientes en condiciones de vulnerabilidad.
“Todos hemos visto las calles con más coches, los espacios públicos con más gente, la ciudad con más movimiento, las carreteras con vacacionistas inconscientes”, dijo Alfaro en un mensaje en las redes sociales.
La semana pasada, las autoridades sanitarias nacionales extendieron hasta el 30 de mayo las medidas de distanciamiento social. Hasta el domingo por la noche, México tenía 8.261 casos confirmados y 686 decesos.
En línea con el gobernador de Jalisco, el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció el inicio del “aislamiento obligatorio” en todo el estado, el uso obligatorio de cubrebocas para quien salga de su casa y sanciones que van desde “una multa hasta el aislamiento obligatorio en alguno de los 10 centros que se han instalado para este fin”.
Al igual que en Jalisco, en Michoacán sólo se puede salir para cubrir necesidades esenciales.
Además de esos dos estados, desde el lunes de la semana pasada el norteño estado de Sonora impuso medidas de aislamiento social obligatorio para sus ciudadanos.
Otros estados del norte del país establecieron el uso obligatorio de mascarillas pero no decretaron el aislamiento obligatorio.
En El Salvador el gobierno de la capital ordenó un cordón sanitario en el centro histórico durante 48 horas, limitando el movimiento y la permanencia de personas en la zona para evitar la propagación del virus. Unos 100 policías y soldados apoyados por elementos de la policía municipal permanecen en el lugar.
“Se permitirá el acceso restringido a empleados y usuarios de mercados, supermercados, bancos, farmacias y hospitales”, manifestó en su cuenta oficial de Twitter el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt.
En tanto, en otras ciudades del país se ha restringido el tránsito vehicular y se hacen trabajos de desinfección de las calles mientras se regula el acceso a los mercados para mantener el distanciamiento social.
El presidente Nayib Bukele autorizó a los alcaldes de los 262 municipios del país establecer controles de circulación adicionales para combatir el contagio del virus y que la Policía Nacional Civil destacada en cada municipio colabore con su cumplimiento. La decisión se conoció luego de que algunos alcaldes le pidieron establecer cercos sanitarios debido a que la población no acataba la medida de quedarse en casa.
En El Salvador se han reportado 218 contagios y siete muertos.
Por su parte, los diarios impresos de Bolivia pidieron ayuda económica al gobierno para evitar un “colapso inminente” ante la falta de circulación de sus ediciones en papel por la cuarentena.
En una carta a la presidenta interina Jeanine Áñez, la Asociación Nacional de la Prensa -que agrupa a unos 25 periódicos- dijo que la falta de circulación física de sus ediciones ha restringido sus ventas diarias y la publicidad, que representan el 95% de los ingresos.
Marco Antonio Dipp, presidente de la patronal, señaló que más de un millar de empleos están en peligro y pidió al gobierno una reunión de urgencia.
La cuarentena total lleva 30 días y fue ampliada hasta el 30 de abril para reducir los contagios que hasta el lunes dejaron 531 casos positivos y 33 fallecidos.
El ministro de Salud, Marcelo Navajas, indicó que los contagios podían llegar a 1.940 a fines de abril aún con cuarentana y sin la restricción podrían casi triplicarse.
En La Paz, el alcalde Luis Revilla prohibió desde el lunes la circulación sin mascarilla y guantes. Sólo una persona por familia puede salir a aprovisionarse, según la terminación de la cédula de identidad. No obstante, las autoridades admitieron las dificultades para controlar la restricción debido a la presión de los sectores pobres que sobreviven de sus ventas al día.
En Ecuador se han registrado 507 fallecidos a causa del COVID-19 y 10.128 contagiados, de los cuales 1.150 recibieron el alta hospitalaria. La provincia de Guayas sigue siendo el epicentro de la pandemia en el país con 6.921 casos.
En América Latina hay al menos 97.000 contagios y 4.700 fallecidos.
El coronavirus ha infectado a más de 2,4 millones de personas y causado la muerte a más de 166.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.
En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.
