Mi marido, Luis Alejandro Aguilar Pardo, es un hombre brillante. Lo admiro profundamente. En estos días conversábamos sobre qué íbamos a hacer, sopesábamos posibilidades y estudiábamos los distintos escenarios que tendremos que enfrentar pronto.
El tema medular era si ir a votar o no. Si los partidos de oposición -la mayoría hoy intervenidos por el espurio TSJ- no van a presentarse, tendría que haber una alternativa para los ciudadanos de a pie para expresarnos. Está meridianamente claro que el régimen quiere paralizarnos, la mejor manera de dominarnos. Encima, tenemos la pandemia, que cada día adquiere mayores dimensiones de tragedia. La mayoría no estamos armados y deseamos salir de esto en paz. Las máquinas de votación, que Roberto Picón Herrera había blindado, se “quemaron” en un conveniente incendio de unos galpones del CNE. Ahora vienen unas máquinas de China, que sabrá Dios qué resultados van a arrojar. Encima, Padrino López asegura en un discurso que “la oposición jamás volverá al poder”. Como si esto fuera poco, nuevamente el TSJ sale con una de las suyas, designar a un CNE en el que nadie confía. Pareciera entonces que no tenemos salida.
La idea de Luis Alejandro
La jornada del 16 de julio de 2017 fue un éxito rotundo. De una manera clara le mostró al mundo que la inmensa mayoría de los venezolanos no queremos al régimen de Nicolás Maduro. Desde entonces logramos que pusieran la mirada sobre Venezuela, y de ahí han salido el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de la república, las sanciones a los altos jerarcas del chavismo y otras acciones que le siguen torciendo el brazo al régimen de Maduro. Esos países amigos y solidarios no reconocen a Maduro, tampoco al TSJ, ni al nuevo CNE. Por lo tanto, no reconocerán a una “nueva” Asamblea Nacional electa en esas condiciones.
El Derecho Romano, sobre el que se basa nuestra legalidad, reconoce la continuidad. En otras palabras, esa continuidad, en la medida en que no hay una manera legítima de elegir una nueva asamblea, no sería otra cosa sino que la AN vigente siguiera en sus funciones. Así, Juan Guaidó seguiría siendo presidente encargado, y sus diputados, los verdaderos diputados ante los ojos del mundo civilizado.
Así las cosas, la AN legal y legítima, convocaría para el mismo día de las elecciones que convocará el CNE ilegal e ilegítimo, a un referéndum nacional, donde se harían las siguientes preguntas:
1) ¿Está usted de acuerdo en que Nicolás Maduro es un usurpador del poder y por lo tanto debe abandonar el cargo usurpado a la brevedad posible?
2) ¿Está usted de acuerdo en revocar los cargos de todos los oficiales desde coroneles hasta mayores generales?
3) ¿Está usted de acuerdo en que la Asamblea Nacional nombre un nuevo TSJ, CNE y el Poder Moral?
Aunque estemos en cuarentena, la gente saldrá –con todas las previsiones del caso- igual que como salimos el 16J, a demostrarle al mundo con un hecho cívico y pacífico, lo que la mayoría desea: salir de este régimen asesino, narcotraficante, terrorista, corrupto y un largo etcétera de adjetivos. El mecanismo es simple. Incluso podría hacerse por Internet si se planifica con tiempo y bien y tomando en cuenta los chanchullos que los chavistas pueden hacer –y harán- para echarnos para atrás esa jugada maestra. Pero les va a costar, porque lo haríamos el mismo día de sus elecciones. No necesitaremos Plan República, ni centros de votación. No tendrán suficientes colectivos para amedrentar a la gente, porque lo más probable es que la gente ni tenga que salir de sus casas. Nuestros votos irían directamente a la ONU, al Grupo de Lima, a la Unión Europea, los Estados Unidos y todos los demás amigos de Venezuela. Y sus mesas de votación estarían vacías.
Una maniobra así uniría a la desunida oposición y dejaría al régimen desnudo y en condiciones más precarias de las que se encuentra hoy. Además, movilizaría a una población que hoy está pasiva y desesperanzada.
La peor diligencia es la que no se hace. Y ustedes… ¿qué piensan?…
Carolina Jaimes Branger
@cjaimesb
