Falta de transparencia de las autoridades aumenta riesgos de vulnerabilidad en el contexto migratorio

Correo del Caroní |

El gobierno abierto es un modelo que apuesta por la transparencia, datos abiertos, innovación tecnológica y participación. La transparencia debería ser un requisito en todos los actos y tareas públicas. Planteamientos que contrastan con lo que ocurre en Venezuela, donde los actos de corrupción han elevado las violaciones de derechos humanos, por beneficios socioeconómicos que obtienen con total impunidad.

Esto según lo expuesto en el forochat sobre la incidencia del gobierno abierto en los migrantes venezolanos organizado por la Coalición Anticorrupción.

La socióloga Yonaide Sánchez, coordinadora del capítulo Lara de Transparencia Venezuela y coordinadora nacional de la Coalición Anticorrupción, explicó que esta forma de gobierno “implica relaciones más horizontales y de convivencia, construcción de nuevas gobernabilidades, pero que nosotros esperamos que permitan recuperar confianza de los ciudadanos en las instituciones, mejorar la calidad de vida y recuperar el disfrute de nuestros derechos”.

La corrupción no implica solo robar dinero. En Venezuela sus consecuencias la han llevado a ser el país más pobre del hemisferio, con una emergencia humanitaria compleja y la hiperinflación más alta del mundo. Además de sectores productivos destruidos, falta de independencia de poderes y desconfianza en las instituciones del Estado.

En materia de derechos humanos, Sánchez mencionó casos como la crisis alimentaria, un sector que contó con 60 mil millones de dólares de los que se desconoce su destino; no funcionan los servicios básicos cuando 23 mil millones de dólares se fueron en sobreprecio por contratos en agua y electricidad; hospitales que no se construyeron y ambulatorios que no fueron dotados o los abandonaron, y en esa área hay 40 mil millones de dólares desaparecidos.

En ese sentido, reiteró la importancia de la transparencia en contextos tan opacos, que tiene que ver con democracia, estado de derecho y desarrollo.

El gobierno abierto nos da una mejor calidad de democracia, una relación más horizontal de gobierno y ciudadanos, mejora los servicios, ahorra costos, promueve la corresponsabilidad. La resistencia al gobierno abierto implica una redistribución de poder, y eso no le gusta a mucha gente cuando está en la administración pública y cargos públicos. Cuando los ciudadanos exigimos información, estamos exigiendo lo que nos pertenece”, explicó.

Gobierno abierto y migración

De acuerdo con un trabajo realizado por tres capítulos de Transparencia (Colombia, Perú y Venezuela) sobre el acceso a la información pública, hubo consenso entre las personas entrevistadas al decir que la debilidad más grande del proceso migratorio es la desinformación.

Colombia y Perú no tienen cifras reales de los migrantes, en parte porque muchas personas ingresan de manera ilegal. Sin embargo, la situación en el caso venezolano es mucho peor, porque el Estado no reconoce el fenómeno migratorio.

“No hay cifras disponibles y confiables, y eso le dificulta a los países receptores las tareas de planificación, seguimiento, control y atención, y compromete los servicios de atención haciendo que la información disponible, ya insuficiente, no se refiera tanto a rutas de atención sino a los trámites de proceso migratorio, y esos trámites cambian constantemente y complica el proceso”, explicó Sánchez.

Los efectos de la desinformación inciden directamente en la condición de vulnerabilidad extrema para los migrantes venezolanos, ya que desconocen los requisitos y trámites a cumplir, no saben cuáles son las instituciones a las que se deben dirigir, y tampoco sus deberes y derechos en ese nuevo país. En consecuencia, sufren graves vulneraciones de derechos humanos y se incrementa los riesgos de corrupción en ese contexto.

Por otra parte, los migrantes encuentran acogida e información fundamentalmente en niveles locales. “Un elemento grave es la desfinanciación de los gobiernos locales en países receptores, porque no estaban preparados para recibir una población migrante de tal magnitud, y esa desfinanciación puede alcanzar el 70%, y puede ser algunas causas de expresiones xenofóbicas”, agregó.

Por otra parte, el estudio de Transparencia evidenció que las funciones de control y rendición de cuentas son sumamente débiles, y donde dijeron que esos controles existían, el equipo no pudo determinarlos de manera concreta. Los controles que existen son propios de la migración, pero no anticorrupción.

Las víctimas entre las víctimas

En este ámbito de desinformación por falta de acceso a la información pública, que beneficia a la corrupción, Sánchez destacó a las mujeres, jóvenes y niñas como las víctimas entre las víctimas.

“Entre 2017 y 2018, Perú registró más de 1.700 víctimas de trata de personas, de las cuales el 10% eran venezolanas. La mujer venezolana que es migrante forzosa, muchas veces es indocumentada, es pobre, y la falta de apoyo en el país receptor las convierte en presas muy fáciles de redes criminales, transacciones sexuales a cambio de aliviar un poco la dramática situación de vida de ellas y sus hijos, especialmente mujeres, niñas y personas Lgbtiq+, con riesgos más elevados de violencia de género, porque son destruidas, estigmatizadas y les da miedo y vergüenza acercarse a los espacios donde puedan ser atendidas”, detalló.

Es así como la falta de elementos propios de un gobierno abierto afecta el proceso de regularización en el país receptor, oportunidades laborales, acceso a los servicios y el disfrute de sus derechos.

Esto incluye el drama de los retornados. Venezuela, al no reconocer el fenómeno migratorio, tampoco ofrece cifras reales sobre la cantidad de venezolanos retornados al país, quiénes son, hasta cuándo estarán en confinamiento (en el contexto de pandemia), en qué condiciones y quiénes son los responsables.

“No lo sabemos nosotros, pero tampoco lo saben sus familias ni ellos mismos. Han sido severamente criminalizados, estigmatizados, descalificados de muchas formas. Es un drama terrible signado por la opacidad”, afirmó Sánchez.

Reiteró que debe haber una perspectiva anticorrupción en el proceso migratorio, debido a que hay riesgos de corrupción motivados por la desinformación y la misma crisis que viven quienes optan por la migración forzada.

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