Defiendo la institucionalidad. Creo que en ella reside una diferencia clave entre el atraso y el progreso, entre la arbitrariedad y la democracia. Como ciudadano, reclamo su presencia activa y eficaz. No me basta con que la Constitución la defina y la organice, necesito que funcione, que pueda contar con ella cuando la necesito.
Una sociedad no puede sobrevivir y menos progresar sin una institucionalidad que funcione para todos. Su debilidad es un problema social, su deterioro en cuanto a operatividad o confianza una amenaza mayor a la convivencia, su carencia un vacío de gravísimas consecuencias.
Hablo de la institucionalidad pública que en democracia no es la única. La organización social promovida por los particulares también es importantísima y mientras más fuerte sea, más exigirá y mejor apoyará el funcionamiento de la estatal. Pero en este caso hablaré de la red que deben formar todas las cinco ramas del poder público en los tres niveles: municipal, estadal y nacional, para que los venezolanos nos sintamos verdaderamente libres, seguros y en ejercicio de nuestros derechos y cumplimiento de nuestros deberes, para vivir y progresar en paz.
Porque las instituciones públicas que son por definición de todos, no puede servir para poner por encima de la ley a quienes las ocupan, sino para defender los derechos de todos, incluso los de ellos, por supuesto.
Ya el Informe Bachelet emitía altas y claras advertencias y reclamos de acción. En estos días, casos de impacto en la opinión nos permiten asomarnos al tremendo drama que la desconfianza en los órganos del Poder Público representa para nosotros, cualquiera sea nuestra opinión política u ocupación. No son los únicos, a diario pasan cosas que no deberían pasar. Pero su sonoridad obliga a mirar.
El general Raúl Isaías Baduel quien fuera nada menos Comandante del Ejército 2004 -2006 y hasta 2007 Ministro de la Defensa, acaba de fallecer siendo prisionero. El Fiscal General de la República informó de su muerte “por paro cardiorespiratorio ocasionado por el COVID”. Desde entonces, proliferan las versiones acerca del hecho a cual más grave. ¿A quién creerle?
Si los venezolanos contáramos con una institucionalidad, no digo perfecta, sino parecida a la pauta constitucional, el Ministerio Público no sería vocero del Ejecutivo que administra el sistema carcelario y por lo tanto es responsable de lo que ocurre allí y podría cumplir con sus deberes del 285 constitucional, incluida la del numeral 5, referido a las acciones para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios con motivo del ejercicio de sus funciones.
Acaba de ser extraditado a Estados Unidos, luego de un largo proceso en Cabo Verde, el ciudadano Alex Saab, a quien se imputan hechos que también en Venezuela están tipificados como delitos. El gobierno encabezado por Nicolás Maduro lo defiende con toda fuerza al punto de suspender las negociaciones de México por causa de su extradición.
Me pregunto ¿Existiría alguna posibilidad de que en Venezuela se adelantara una investigación parlamentaria, policial, de auditoría fiscal o de la fiscalía que conduzca al trámite judicial y una sentencia que dilucidara de modo creíble la veracidad o no de los hechos que se le imputan?
La respuesta la sabemos todos. La dura verdad, difícil de admitir, es que esta situación nos perjudica, nos empobrece, nos amenaza a todos. Tarde o temprano.
Ramón Guillermo Aveledo
