Aun cuando existe la obligación del régimen de Maduro de proteger a los ciudadanos, no se han anunciado medidas que garanticen el ingreso económico de los trabajadores del país, aseguró este jueves Lisette González, coordinadora de Investigación y Difusión de la ONG Provea.
“Otra obligación es que los alimentos importados, tanto los de los Clap como los de los bodegones, no pasen por los controles sanitarios del Estado venezolano, por lo que no nos están protegiendo”, dijo González durante el encuentro con la prensa.
La representante de Provea responsabilizó a Maduro por la crisis en los servicios públicos como la escasez de agua, apagones y la escasez de gas para cocinar, lo que tiene un impacto directo sobre la capacidad de la población para alimentarse.
Por otra parte, la activista denunció que los CLAPs no se distribuyen con la misma periodicidad, y tampoco contienen alimentos nutritivos y necesarios.
Mientras que acerca de los llamados bonos otorgados por el régimen de Maduro, son insuficientes y no cuentan con criterios claros de asignación.
“Sobre la obligación de permitir la ayuda humanitaria, se siguen registrando restricciones para cumplir con los programas en el campo, y se ha criminalizado a organizaciones humanitarias de distintas maneras”, precisó.
