Trabajo de www.correodelcaroni.com
Sebastián tiene 10 años. Desde los siete su asistencia a clases en cada año escolar ha sido irregular. Sus padres suelen viajar por temporadas a Estados Unidos, trabajan unos meses y vuelven. Él viaja con ellos y en esa estadía no ve clases. Cuando regresa a Venezuela lo inscriben nuevamente en su colegio hasta que le toca salir otra vez del país. Cuando comenzó la pandemia en 2020 pararon los viajes al exterior y se regularon sus estudios, aunque bajo la metodología a distancia. Sin embargo, ya no está en Bolívar.
Sebastián es uno de los tantos casos de migración interna. La crisis de combustible que persiste en el estado Bolívar, la dinámica económica con precios superiores a los de otras entidades, además de las restricciones que se implementaron en la entidad durante el confinamiento por ser estado fronterizo llevaron a muchos padres a buscar oportunidades en estados como Anzoátegui, Carabobo o el Distrito Capital. Hoy Sebastián estudia en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.
“Al principio pensamos en mudarnos para Estados Unidos, pero por nuestra misma dinámica de trabajo allá no teníamos tiempo para cuidarlo. Decidimos quedarnos en Venezuela y solo viajar en vacaciones, aunque igual a trabajar. Lo que sí no soporté fue quedarme en Bolívar. Prácticamente no puedes trabajar, o tus ganancias se van pagando gasolina bachaqueada. Preferí vender la casa, buscar apartamento en Puerto La Cruz, donde siempre hubo mayor flexibilidad económica y no hay ese problema con la gasolina”, relató el padre de Sebastián.
En la Escuela Fe y Alegría Virgen Niña, ubicada en la parroquia Unare de Caroní, estado Bolívar, hubo una disminución en la matrícula para el año escolar 2021-2022. De 966 alumnos bajó a 934. Se le atribuye principalmente a la migración interna, aunque no se descarta la salida del país, ya que desde la apertura de la frontera con Brasil fue cuando se observó la deserción: “En lo que abrieron la frontera comenzó la deserción en la escuela. También hay unos que se fueron a Valencia”, dijo la fuente consultada.
De acuerdo con información de la Secretaría de Educación del estado Bolívar, en la entidad hay 134 instituciones privadas y 1.392 públicas. Estas últimas incluyen las nacionales, estadales, municipales (que pasaron a ser estadales) y las subvencionadas.
¿Y los que se quedan qué?
A propósito del reintegro a clases presenciales en Venezuela, después de dos años de metodología virtual o semipresencial, cabe preguntarse las condiciones en que los niños, niñas y adolescentes que no emigran cursan sus estudios en sus respectivas instituciones de Bolívar.
Precisamente la Escuela Fe y Alegría Virgen Niña recibió al alumnado con el mismo problema desde hace cuatro años: filtraciones que dejaron inoperativas las aulas de la última planta, donde ven clases los estudiantes de la etapa media general. Esto afecta a un total de 434 alumnos.
Gobernación y entes dependientes no dan respuesta a la solicitud de la donación de un manto para culminar la impermeabilización. Pero a raíz de las denuncias en prensa, la Alcaldía de Caroní se comprometió a ayudarlos. El temor es que con la llegada de la temporada de lluvias se pierda el trabajo ya hecho con autogestión de la institución y padres y representantes.
En vista de que la etapa media general, de séptimo a noveno grado, no puede ver clases en sus aulas, habilitaron talleres de actividades extracurriculares o laboratorios como salones de clases. En las tardes también aprovechan los salones de primaria.
En una escuela estadal, que anteriormente era municipal, ubicada en la parroquia Universidad, sector Toro Muerto, en Ciudad Guayana, la situación tampoco es alentadora.
Allí estudian 513 alumnos desde preescolar hasta sexto grado. Por ser un centro electoral, la mayor atención es precisamente en época de elecciones. Del resto, son las docentes quienes se encargan del desmalezamiento de las áreas verdes. No hacerlo significa un peligro para todos ellos. Su cercanía con el río Caroní los hace vulnerables al encontrar frecuentemente culebras en diferentes áreas de la institución. Tampoco cuentan con cercado trasero, un atractivo para la visita constante de delincuentes.
Falta de docentes
Así como en la Escuela Fe y Alegría Virgen Niña, en la estadal visitada en la parroquia Universidad hay falta de docentes. Los cursos huérfanos quedan a cargo del personal que se mantiene en las instituciones. Esta situación obligó a dividirlos en dos grupos para ver clases dos veces por semana, lunes y miércoles o martes y jueves. Los viernes son de reforzamiento, evaluaciones y desinfección de las aulas.
“La maestra de segundo grado asumió dos de los tres turnos, que son A, B y C. Y la psicopedagoga cubre un grado también”, comentó una docente.
En una escuela nacional, ubicada en la parroquia Universidad, sector Alta Vista, con 388 alumnos, las educadoras a veces también cubren trabajos administrativos, como el de secretaria.
De las escuelas visitadas por la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA), una escuela estatal, con instrucción de preescolar a sexto grado, ubicada en la parroquia Unare, tiene su plantilla de profesionales completa al igual que el colegio privado encuestado en la parroquia Cachamay, donde hay una matrícula de 960 estudiantes.
“A través del Colegio de Profesores en Bolívar hemos realizado un trabajo minucioso viendo si hay calidad educativa. Lamentándolo mucho, este fue un inicio de clases improvisado porque no tenían las condiciones. Las escuelas las hemos encontrado en total abandono, destruidas, abandonadas sin los servicios básicos en plena pandemia. Hoy, con la pandemia, encontrar una escuela donde no tengan cómo utilizar un baño, lavarse las manos, es gravísimo. La institución ni siquiera cuenta con material de bioseguridad”, señaló Aida González, secretaria general del Colegio de Profesores en Bolívar.
Según las estimaciones de la representante del gremio en la entidad, la deserción docente está por el orden del 88% en la entidad. “Pasamos a la época de años atrás cuando funcionaban tres salones con una misma docente. En algunas escuelas hay representantes con un mínimo de conocimiento y están dando clases. Eso es grave, porque no tienen la pedagogía. La deserción escolar también se está dando porque los niños están pidiendo comida o trabajando para sobrevivir”, agregó González.
De acuerdo con información en declaraciones de prensa por parte de la autoridad única de Educación en Bolívar, Mauro Suárez, al menos hasta 2020 había más de 20 mil trabajadores del sector educación en el estado, cantidad que incluía a personal docente, administrativo y obrero de instituciones educativas públicas y privadas.
Incentivo a docentes
En las instituciones educativas de Bolívar tratan en lo posible de que los alumnos no pierdan clases. Con incentivos esporádicos, padres y directivos de las escuelas buscan compensar el doble o triple trabajo de los docentes.
En dos de las escuelas visitadas, una privada subsidiada y una estatal, el personal comentó que a través de donaciones de padres y representantes se les ayuda a los maestros con el pago del pasaje de transporte. En otros casos, los padres arman mensualmente bolsas de comida para la educadora de sus hijos. La institución también se organiza para hacer un desayuno o almuerzo para aquellos que deben trabajar hasta el último turno.
De las escuelas visitadas por la Agencia PANA, todas coincidieron en que no reciben apoyo del Estado en la dotación de material de bioseguridad. Esto lo asume la institución, docentes y, en mayor medida, padres y representantes.
La falta de material de bioseguridad también fue una condicionante para dividir la asistencia de alumnos por grupos.
“Estamos apenas adaptándonos, pero como no tenemos todos los implementos adecuados para asistir (bioseguridad) y estar con 37 a 40 alumnos, lo hicimos por grupos”, señaló una docente del sector Toro Muerto, donde la falta de transporte es otra de las desventajas que enfrentan.
Si bien hay escuelas que cuentan con tanque y bomba para garantizar el servicio de agua en baños, la mayoría de las instituciones presenta la misma falla: no llega el agua por tubería.
En la escuela nacional visitada en Puerto Ordaz el problema es que el agua que llega por tubería no llega a los baños.
En la escuela de Toro Muerto tienen un pozo séptico que se convirtió en un peligro para los niños y niñas. No hay ninguna barrera de seguridad para evitar que cualquier menor de edad caiga por accidente. “Cuando salen al recreo hay que estar muy pendientes porque se ponen a jugar y correr por allí”, dicen los docentes consultados.
Por otra parte, para los colegios privados los precios de cobro de agua y electricidad son exorbitantes en comparación con el servicio prestado a la institución. En el caso de la institución privada no subsidiada visitada por la Agencia PANA, el cobro de la factura de electricidad está entre los 400 y 500 dólares. El medidor está dañado y Corpoelec aún no corrige. En el caso del agua les cobran alrededor de 300 dólares mensuales. “Y nunca llega agua”, señaló el director.
Esos montos no están incluidos en las estructuras de costos para evitar que se eleve la mensualidad, pues ya hay una alta morosidad de padres y representantes. Su lucha constante es porque los entes competentes hagan una rectificación con respecto a los montos de cobro y el servicio que prestan.
Aunque el Colegio de Profesores estima que la deserción escolar en Bolívar está por el orden del 80%, en las instituciones encuestadas no se aprecia tal fenómeno. Una razón puede ser por la migración de estudiantes de colegios privados a públicos. “A cada rato vienen representantes buscando inscribir a los muchachos”, comentó una docente de una escuela estadal, anteriormente municipal.
En las escuelas privadas subsidiadas también hay solicitudes de padres y representantes para cambiar a sus hijos de su anterior colegio privado a una de estos planteles, por ser más económicos. Sin embargo, por la deuda que tienen con la institución educativa, les retienen los documentos de los estudiantes, paralizando la intención de cambio.
Asistencia constante
A pesar de todas las dificultades por las que pasan las instituciones públicas y privadas, docentes y personal directivo destaca la alta asistencia estudiantil y, en especial, la emoción por parte de los alumnos de bachillerato.
Los primeros días del reintegro a clases presenciales, predominó el miedo al contagio, pero en especial en los representantes de primaria y preescolar.
“Los de bachillerato nunca faltan. Normalmente después de Semana Santa venían pocos alumnos esos días, esta vez fue al revés. Tenían esa necesidad de compartir con sus compañeros”, dijo la directora de una escuela nacional en Puerto Ordaz.
Para los docentes, pese a sus dificultades, también hacen el esfuerzo por no faltar a sus labores, en especial al observar el retraso en su alumnado después de dos años de clases virtuales.
“Nunca es igual ver clases a distancia que tener el contacto con la maestra. Aquí teníamos niños que ni siquiera conocían su escuela, a sus compañeros. Venir fue una emoción para ellos. Lamentablemente hay mucho retraso, porque las tareas que hacían en las casas, realmente no las hacían ellos. Hay que hacer un trabajo fuerte para ayudarlos a nivelarse”, dijo la directora de una escuela regional de la parroquia Unare, en el sector El Guamo.
En promedio, la asistencia diaria es de al menos 90% de la matrícula estudiantil. El otro 10% corresponde a estudiantes enfermos, con permiso por alguna diligencia o que por su horario no les corresponde clases ese día. Lo cierto es que aún se está en proceso de adaptación este retorno a la esencialidad, medida que se anunció poco antes de comenzar el tercer lapso para culminar el año escolar.
Al menos en las escuelas visitadas se han hecho tres campañas de vacunación para estudiantes, docentes, administrativos y obreros. Con lo que no todos cuentan es con la atención psicosocial, pero se apoyan con charlas y orientaciones de parte de la Defensoría Escolar.
Para este reportaje se visitaron cinco instituciones educativas, durante las primeras dos semanas de mayo. Se entrevistaron a seis personas.
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