Este lunes 9 de octubre, alrededor de 20 ONG venezolanas entregaron un documento en la Cancillería para exigir que se haga de conocimiento público el segundo memorando de entendimiento entre la Corte Penal Internacional (CPI) y el Estado venezolano.
La misiva remitida al ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, pide mostrar el acuerdo del pasado 9 de junio de 2023 en donde se acordó que se crearía una oficina de la CPI en el país.
“Consideramos que el memorando de entendimiento es de interés colectivo y por lo tanto, no debe manejarse como asunto secreto de Estado y hacerse público y dar a conocer de tal manera que se le haga seguimiento de las obligaciones y compromisos que suscribió el Gobierno venezolano con la Fiscalía de la CPI”, dijo Marino Alvarado, defensor de Derechos Humanos y asesor del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Alvarado sentenció que desde el primer memorando de entendimiento no se cumple con el principio de complementariedad.
“Porque no hay voluntad política para investigar la cadena de mando, ni a los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad”, dijo el abogado.
Nicolás Maduro y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, firmaron a principios de junio de este año un nuevo memorando de entendimiento donde se establece la instalación de una oficina del tribunal internacional en Venezuela.
“Vamos a poder venir a Venezuela más seguido y trabajar de forma más cercana para que Venezuela pueda hacer más respecto a sus obligaciones con el Estatuto de Roma”, manifestó Khan en ese momento.
Por su parte, el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que la oficina no recibirá denuncias y precisó que tendrá un “carácter técnico, de formación” y “cooperación” dentro de la complementariedad.
“Nosotros tenemos la clara intención de hacer justicia en nuestro país, sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros y lo estamos demostrando”, dijo Saab.
