El pasado miércoles 21 de mayo, familiares de cinco adolescentes detenidos tras las protestas derivadas de las elecciones presidenciales de julio de 2024 se concentraron frente a la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Caracas, exigiendo su inmediata liberación.
Bajo la consigna “Los cinco a la escuela, no a un penal”, los manifestantes reclamaron la intervención urgente del organismo internacional para garantizar la protección de los derechos de estos jóvenes.
“Nuestros hijos deben estar en aulas, no tras las rejas”
Francis Palencia, madre de uno de los adolescentes, elevó su voz ante los medios para denunciar el estado de reclusión en el que se encuentra su hijo de 17 años, detenido el pasado 9 de enero, tan solo un día antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro, quien juró un nuevo mandato entre fuertes cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.
“Nuestros hijos no deberían estar detrás de una celda, deberían estar en clases, deberían estar en un aula, deberían estar haciendo deportes”, expresó Palencia con evidente pesar. Según explicó, su hijo fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y presenta además tics motores, afecciones que se han agravado bajo el clima de encierro y hostilidad.
“Neurológicamente no está bien, está en depresión”, afirmó, pidiendo públicamente al presidente Maduro y al fiscal general Tarek William Saab que tomen cartas en el asunto y liberen a los menores.
Violaciones de derechos humanos y deterioro físico
La madre del joven detenido subrayó que su hijo está siendo maltratado desde el momento en que se le violan sus derechos humanos fundamentales: el derecho a la educación, a la salud, a la protección social y, sobre todo, a su libertad.
En similares términos se manifestó Mirbelli González, hermana de otro adolescente arrestado en agosto de 2024, quien describió las condiciones deplorables en las que permanece su familiar, afectado por enfermedades y una pérdida de más de cinco kilos, además de sufrir la aparición de cuatro abscesos sin atención médica oportuna.
“El día ocho de agosto, invadieron nuestra casa arbitrariamente, sin ninguna orden, amenazando a mi padre de 56 años (…) que si él no entregaba a mi hermano, iba detenido él”, denunció González.
Ante la amenaza, su padre no tuvo más opción que entregar al joven al día siguiente a las autoridades, donde fue acusado de terrorismo, incitación al odio y daños al patrimonio, cargos que la familia considera completamente infundados.
Llamado a la comunidad internacional
Durante la protesta, los familiares entregaron un documento formal a la sede de Unicef en Caracas, detallando los casos de los cinco adolescentes y solicitando su “urgente intervención para garantizar la protección de sus derechos”.
Los manifestantes insistieron en que los jóvenes no deben ser tratados como criminales, sino como lo que son: estudiantes que necesitan apoyo, protección y acceso a una vida digna.
La protesta se suma a los múltiples llamados que en los últimos meses han hecho diversas organizaciones nacionales e internacionales por el respeto a los derechos humanos en Venezuela, especialmente en lo que se refiere a la niñez y adolescencia en conflicto con el régimen.
“Nuestros hijos no son delincuentes. Son víctimas de una persecución política que ignora su condición de menores de edad”, concluyó Francis Palencia, visiblemente conmovida, frente a la mirada atenta de activistas y transeúntes.
Este acto frente a Unicef representa no solo una denuncia directa, sino también una súplica urgente de justicia y humanidad, en un país donde los derechos de los más jóvenes parecen estar quedando fuera del marco legal y moral.
