La Administración del presidente Donald Trump ha hecho un movimiento drástico en medio de su enfrentamiento con la Universidad de Harvard al revocar su capacidad para matricular estudiantes extranjeros, una medida que golpea el corazón de una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo y que deja en desamparados a cerca de 6.800 estudiantes internacionales.
El Departamento de Seguridad Nacional revocó el jueves la capacidad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales, diciendo que la escuela ha creado un entorno inseguro en el campus al permitir que “agitadores antiestadounidenses y proterroristas” agredan a estudiantes judíos en el campus.
Una carta con consecuencias devastadoras
La medida fue oficializada a través de una carta enviada a Harvard por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien notificó que, con efecto inmediato, la universidad queda excluida del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP).
Esto significa que Harvard ya no puede emitir visas de estudio para alumnos internacionales, y los que actualmente cursan estudios deberán transferirse o enfrentar la pérdida de su estatus legal en Estados Unidos.
En su misiva, Noem acusó a la universidad de crear “un ambiente inseguro en el campus”, alegando que permite la presencia de “agitadores antiestadounidenses y proterroristas” que han acosado y agredido a estudiantes judíos. También señaló que la institución se ha negado a cooperar con requerimientos de información vinculados a protestas y políticas internas de diversidad.
Impacto inmediato y sin precedentes
El golpe no es solo simbólico. La decisión afecta de forma inmediata a los estudiantes extranjeros admitidos para el próximo ciclo académico —que inicia en otoño— quienes ya no podrán iniciar sus estudios en Harvard salvo intervención judicial o un giro inesperado del Gobierno. Además, únicamente los alumnos que culminan sus estudios en 2025 podrán graduarse conforme a lo previsto.
Para el resto, el panorama es sombrío: deben buscar universidades que acepten sus créditos y puedan emitir nuevas visas de estudio. De lo contrario, se verán obligados a abandonar el país, interrumpiendo investigaciones y programas académicos que, en muchos casos, llevan años en desarrollo.
La razón oficial y la disputa legal
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la revocación se basa en el incumplimiento de requisitos legales, entre ellos la negativa de Harvard a entregar grabaciones de protestas, registros disciplinarios y otros documentos requeridos durante una investigación federal abierta en abril. Noem enfatizó que “matricular a estudiantes extranjeros es un privilegio, no un derecho” y lanzó una advertencia directa: “Que esto sirva de ejemplo para otras universidades del país”.
Harvard, por su parte, calificó la decisión como ilegal y arbitraria, aduciendo que atenta contra la libertad académica, los derechos civiles y la misión internacional de la institución. La universidad ha recurrido a instancias judiciales para intentar frenar la medida, al tiempo que ofrece orientación legal y académica a los estudiantes afectados.
Un conflicto político con raíces profundas
Este conflicto no surgió de la nada. Desde abril, la relación entre Harvard y el Gobierno republicano se ha deteriorado rápidamente tras la negativa de la universidad a reprimir protestas pro-palestinas en el campus y a suspender sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. En represalia, la Administración congeló fondos de investigación y ha sugerido incluso que la universidad pierda su estatus de exención fiscal, lo cual afectaría gravemente su financiación.
Expertos en educación aseguran que esta es la primera vez que una universidad es excluida del SEVP por motivos explícitamente políticos, más allá de las razones administrativas típicas como la pérdida de acreditación o el cierre de la institución.
¿Qué sigue para los estudiantes y para Harvard?
La posibilidad de revertir la decisión existe, pero está condicionada a que Harvard entregue toda la documentación exigida en un plazo de 72 horas, algo que la institución ya ha rechazado por considerarlo una intromisión abusiva. Mientras tanto, tribunales federales podrían intervenir si la universidad logra demostrar que la medida viola sus derechos constitucionales o excede la autoridad del Ejecutivo.
En juego no está solo el futuro académico de miles de estudiantes internacionales, sino también la autonomía institucional de una universidad centenaria y la integridad de los procesos de educación superior en Estados Unidos.
Lo que comenzó como un desencuentro político hoy se convierte en una crisis educativa de escala internacional, con potenciales repercusiones diplomáticas y sociales en un país históricamente considerado como un faro académico para el mundo.
