Determinan participación de siete policías en una extorsión

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Con patrón  similar al utilizado por los  oficiales de la Policía del Estado Lara para extorsionar en casos anteriores, hace un par de semanas fueron detenidos por el Comando Nacional Antiextorsión  y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) otros siete funcionarios  pertenecientes a las filas de la policía regional.

Para  cometer  el delito los  siete  efectivos  completaron un procedimiento  de  características irregulares.  Primero, arrestaron  a un hombre acusándolo de posesión de drogas. Se  valieron de que la persona en cuestión tenía antecedentes  por esa falta, pero, aparentemente,  había cumplido la pena.

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Luego de esposarlo, recorrieron  la ciudad con él dentro de un carro y  en el camino llamaron a un familiar de la víctima para exigirle 500 mil bolívares a cambio de  la liberación del individuo. Este pariente aceptó la negociación. Antes de oficializar la entrega de la suma de dinero,  el  familiar, que además es un miembro activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), acudió a la sede del Conas para formular la denuncia acompañado de la madre de la víctima.

En este punto asumió su rol una comisión del Conas asignada para  resolver el caso. Fijaron una negociación controlada y al momento de la entrega de los billetes comprobaron que tal como lo habían denunciado, los autores de las llamadas para solicitar el monto eran integrantes de Polilara. Los  supuestos  extorsionadores permanecen recluidos en los calabazos de la Comandancia General de la Policía del Estado Lara.

El caso fue una de las 13 extorsiones frustradas por el Conas en Lara  durante noviembre  y los oficiales aprehendidos se cuentan entre  las  más de 30 personas  detenidas en el mismo período.

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Más de una decena

Entre  febrero  y  septiembre de este año, se cuentan por lo menos  16  policías estadales capturados  por estar  involucrados en casos de extorsión en la región. Los siete  antes  mencionados incrementa a 23 la cifra. En  la mayoría de los registros se  repite una característica. Los funcionarios que presuntamente  chantajean escogen a individuos  con historial delictivo, salvo en dos casos ocurridos en septiembre donde las víctimas, al parecer, no tenían antecedentes.

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