El diputado Guillermo Palacios exigió a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que abra una investigación al actual vicepresidente Nicolás Maduro por presuntas irregularidades cometidas cuando era el presidente de la Asamblea Nacional, en el año 2005.
Al respecto, recordó que hace más de seis años, la Asamblea Nacional celebró un contrato con la inmobiliaria Triani, a fin de arrendar un edificio, denominado Pas de Calais, ubicado en Caracas, entre las esquinas de Jesuitas a Veroes.
«Este edificio fue alquilado sin justificación alguna y el contrato estuvo vigente desde el 20 de abril hasta el 31 de diciembre de 2005. El edificio no se ocupó, pero el arrendamiento fue pagado con unos cánones que ascendieron a un total de 250 millones de bolívares, repartidos en pagos mensuales de 25 millones de bolívares más cinco millones más por concepto de mantenimiento y servicios», detalló.
Añadió que para agravar dicha irregularidad en el contrato se acordó la entrega de otros veinticinco millones de bolívares en comisión a favor de Jhonatan Rodríguez, violentando los principios de la administración pública.
«En esta negociación se cometieron hechos irregulares, como peculado y evasión de controles, previstos como delitos en los artículos 53 y 58 de la Ley contra la Corrupción, por cuanto se evidencia que se le causó un daño patrimonial a la Asamblea Nacional al cancelar arrendamiento y otros conceptos sin que el mismo sea necesario y, por otro lado, se celebró este contrato incumpliendo los requisitos de regulación de alquileres», indicó el parlamentario por Un Nuevo Tiempo.
Por tal razón, Palacios reiteró su llamado al Ministerio Público para que desempolve dicha denuncia, que consignó en el año 2006 y se proceda a investigar el citado caso de corrupción.
«Este caso lo que revela es el estado de impunidad que impera en Venezuela y, sobre todo, un sistema de justicia, politizado, corrompido, ineficiente. Aquí lo que hay es una persecución política en contra de la disidencia», dijo Palacios, tras informar que también presentaría dicha denuncia este miércoles ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Asimismo, señaló que al igual que la fiscal general, el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, Pedro Carreño, tapa los actos de corrupción de los funcionarios oficialistas, mientras que agilizan las investigaciones a dirigentes de la oposición, como lo han hecho con Juan Carlos Caldera y Richard Mardo, entre otros.
También a Diosdado Cabello
Con la finalidad de solicitar una investigación al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y al diputado Pedro Carreño, por presuntos delitos de corrupción y extorsión, el diputado al Consejo Legislativo del estado Lara y directivo del partido Causa R, José Ignacio Guédez, se dirigió a la sede del Ministerio Público en Caracas donde entregó un documento formal con presuntas pruebas sobre lo antes mencionado.
“Es necesario que se comience una investigación, la compra de votos, el soborno y la extorsión son delitos que así lo requieren, no son hechos aislados, son tácticas utilizadas por la Asamblea Nacional para perseguir y amedrentar a los diputados de oposición”, sentenció.
En cuanto a la presentación de supuestas pruebas de corrupción contra algunos dirigentes opositores por parte del diputado Carreño, señaló que la única evidencia sospechosa que requiere investigación es el “salto de talanquera” del diputado Hernán Núñez sin razón aparente.
El representante de la Causa R, también denunció que se está usando al parlamento nacional para chantajear y sobornar con fines netamente electoreros.
“Tenemos información de que en las próximas elecciones municipales van a seguir utilizando estas prácticas abusivas para favorecer las candidaturas del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV”, agregó.
Asimismo, indicó que se está violando flagrantemente el artículo 12 de la ley contra la corrupción, que dispone que quienes estén investidos de funciones públicas, están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna, por lo tanto no pueden utilizar los bienes ni ingresos públicos para favorecer a partidos políticos o intereses particulares.
Guédez advirtió que, claramente, se está utilizando a la Asamblea Nacional, ente del Estado que debe ser autónomo y plural, para persecuciones políticas, generando temor entre los diputados opositores para promover los saltos de talanquera, que además son ilegales, según las propias leyes del oficialismo.
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