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Yusmary ha llegado a gastar en agua la mitad del dinero que gana en la semana. Isora acude al mercado negro por cilindros de gas para cocinar. Rodrigo, entre apagones, compró plantas eléctricas para su casa y su negocio. Sálvese quien pueda.
Fallas crónicas de los servicios públicos en Venezuela provocan una «privatización» de facto, informal y caótica, con la población forzada a cubrir con recursos propios el vacío que deja la inoperancia de las redes estatales.
«La gente tiene que resolver y seguir su día a día», declara a la AFP Jesús Vásquez, director de Monitor Ciudad, ONG que monitorea agua, electricidad y gas en Caracas y cuatro estados de este país de 30 millones de habitantes.
Tuberías secas
«¡Llegó el agua!», se oye en La Jota, en la barriada popular de La Vega, en Caracas. Todos llenan a la carrera cubetas y pipotes que acumulan como reserva.
Yusmary Gómez, de 36 años, madre de un muchacho de 18 y una niña de 4, suele recibir agua cada 15 días, pero la escasez puede ser peor: «El año pasado estuvimos sin una gota tres meses y medio».
Tiene un tanque de 800 litros regalado por un político en campaña electoral.
El agua que le llega es amarillenta, por lo que compra botellones de 20 litros en el comercio donde trabaja, para beber y cocinar. Si la sequía se alarga, debe usarlos para otras necesidades.
Los anota en una lista y, al cobrar su salario, su jefa se los descuenta. Llenar dos cuesta un dólar.
«Cobro 30 dólares a la semana y me ha tocado que me paguen 15», relata Yusmary a la AFP.
Monitor Ciudad estima que los caraqueños, en promedio, reciben agua en 60 de las 168 horas de la semana.
Pagar 70 dólares por camiones cisternas es común entre la clase media.
Y en zonas más acomodadas, perforaciones privadas de pozos pueden costar 20.000 dólares, que costean entre vecinos de las calles beneficiadas.
El sueldo promedio en el país, según estimaciones privadas, es de 150 dólares mensuales. El salario mínimo es menor a 5 dólares.
El gobernante Nicolás Maduro lanzó el programa ‘1×10 del Buen Gobierno’. El Estado recibe en una aplicación móvil reportes de comunidades y envía brigadas que reinaguran acueductos, asfaltan vías o reacondicionan ambultatorios.
Maduro culpa a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela por la crisis; pero entre desinversión y denuncias de corrupción el colapso de servicios empezó años antes de esas medidas.
– Gas por medicinas –
Agua no es lo único que falla en La Jota.
Isora Bazán se queja de intermitencias en la distribución de bombonas de gas doméstico. Cuando hay retrasos en el reparto, acude al mercado negro.
«Dejo de comprarme medicamentos para ir a comprar el gas», dice a la AFP esta jubilada de 61 años.
En una avenida, revendedores ofertan cilindros entre 10 y 20 dólares. Isora recibe una pensión mensual inferior a 5 dólares.
Solo 17% de la población cuenta con gas por tubería, según Monitor Ciudad.
– Plantas eléctricas –
A Felicinda Mendoza, vecina de 74 años en La Vega, un «bajón» le dañó la nevera: «La luz falla mucho. Se va y viene, se va y viene (…) Ayer saqué la carne, el pollo, el poquitico de comida que tenía. Todo podrido».
Los apagones son una pesadilla, en especial en la provincia, donde pueden prolongarse por horas.
El estado Zulia los sufre cotidianamente.
«Si no buscamos la manera de resolver estas cosas nos morimos infartados», cuenta a la AFP Rodrigo Crespo, comerciante de 35 años que compró dos pequeñas plantas generadoras de energía, una para su casa y una para su negocio en Los Puertos de Altagracia, pueblito vecino a la capital zuliana, Maracaibo.
Cada planta cuesta 350 dólares.
Mantenerlas requiere unos 100 dólares mensuales. Una funciona con gasolina, que escasea, así que Rodrigo depende de revendedores. La otra opera con gas.
– Educación pandémica –
El colapso de la educación y la salud pública completa la ecuación.
La niña de Yusmary suele perder clases por falta de agua en un preescolar estatal. «Nos mandan un mensaje (por teléfono): no hay agua y por lo tanto no hay actividad», relata.
Se hizo habitual, desde la pandemia de coronavirus, que los estudiantes de planteles públicos vean clases apenas dos o tres días por semana ante el retiro de profesores por bajos salarios.
Un pequeño colegio privado es una alternativa para Yusmary: «¡A mí me encantaría!».
Su hijo mayor, que comenzó a trabajar en un ‘call center’, prometió ayudarla a pagar la mensualidad de 30 dólares.
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