Por motivo de la apertura de un juicio contra 14 trabajadores de la estatizada Alentuy, empleados de esta empresa tomaron de manera simbólica la Plaza de la Justicia, frente al Edificio Nacional en el centro de Barquisimeto, ayer en horas de la mañana, con el objetivo de recordarle a los órganos judiciales que ellos no son delincuentes, sino profesionales organizados que defienden su derecho al trabajo.
Norca Pirela, una de los trabajadores a quienes afecta este proceso legal, explicó que el problema comenzó cuando en el año 2005 el personal de la empresa decidió organizarse en un sindicato para pelear por su derecho a un contrato colectivo..
Este conflicto dio paso a que en el 2008, el Gobierno nacional, a través de la Inspectoría del Trabajo, formara una mesa de resolución en la sede de Alentuy, ubicada en la carrera 5 de la zona industrial de la capital larense, y a pesar de las continuas advertencias del ente al patrón sobre la inamovilidad laboral, éste igualmente procedió a despedir a 117 trabajadores.
Finalmente, en 2010 el Estado asumió el control de esta empresa, pero no se resarcieron las acciones contra los empleados que ahora protestan por sus compañeros que están siendo sometidos a juicio.
“Se nos acusa de agavillamiento, obstrucción del libre comercio, obstrucción de vías públicas y desobediencia a las leyes. Lo que no podemos entender es el por qué si la empresa dejó de ser privada en 2010, el demandante sigue siendo Antonio Nagen”, comentó Pirela.
La vocera le hizo un llamado al Ministerio de Industrias Básicas y Minería, ya que desde 2008 los trabajadores de Alentuy arrastran un proceso legal que han tenido que costear con recursos propios. También denunció los obstáculos que les ponen los órganos judiciales para armar su defensa. “El pasado lunes tuvo lugar una audiencia en la cual se dijo que se entregaría un expediente de más de dos mil folios a nuestra abogada para que lo estudiara en cuatro días, sin embargo fue apenas este miércoles que informaron que se lo darían hoy (ayer jueves)”, expresó.
Asimismo, Pirela indicó que se han dirigido a Wilfredo Sánchez, Lino Davoín y Gabriela Bastidas, miembros de la Junta Administrativa de Alentuy desde su nacionalización en 2010, quienes tampoco han ayudado a los 517 trabajadores de la empresa.
Fotos: Elías Rodríguez
