“Secuestro” de Braulio Jatar causa roce entre Chile y Venezuela

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a Cancillería venezolana calificó de “injerencista” la petición hecha por Chile al gobierno venezolano de normalizar la situación del periodista chileno-venezolano, Braulio Jatar, quien se encuentra desaparecido desde el sábado pasado, tras ser “trasladado” por una comisión del Sebin a un lugar desconocido.

Para el cuerpo dirigido por Delcy Rodríguez, el interés de ese país porque se revele el paradero del detenido y se proceso conforme a las normas del debido proceso, es un “inadmisible injerencismo basado en falsos presupuestos y falta de recato diplomático”.

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El domingo en la noche el canciller chileno, Heraldo Muñoz, emitió un comunicado en el que pedía a su homóloga venezolana que actúe para que las instituciones difundan el lugar de detención de Jatar, y “permita que sea visitado en ese lugar por su abogado, sus familiares y el Cónsul de la República de Chile”.

La acción diplomática obedeció a la denuncia hecha horas antes por la internacionalista Ana Julia Jatar, quien calificó como un “secuestro” el traslado de su hermano desde la sede del Sebin en la isla de Margarita a un nuevo centro de reclusión no determinado.
Jatar exigió al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que defienda los derecho del periodista y ordene al gobierno revelar dónde se encuentra.

La detención ocurrió horas después de que el periodista divulgó a través del portal que dirige dos videos grabados por ciudadanos de la huída de Nicolás Maduro de la población de Villa Rosa, en Margarita, mientras habitantes del sector manifestaban su rechazo a la gestión presidencial con un “cacerolazo”.

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Hasta la tarde del lunes el paradero del director del portal de noticias Reporte Confidencial seguía siendo un misterio para sus allegados, aunque fuentes judiciales señalan de manera extraoficial que habría sido conducido al Centro de Procesados 26 de Julio en San Juan de los Morros, estado Guárico.

Terrorismos judicial en Venezuela

Para el abogado penalista y miembro del Foro Penal Venezolano, Alonso Medina Roa, el caso de Jatar se encuentra alineado en lo que diversos juristas han denominado como una situación de «terrorismo de Estado».

En relación con el traslado del periodista «lo más grave es que se haga de espaldas a la defensa como parte del proceso», pero ampliando el contexto y tomando una perspectiva de las actuaciones del sistema de justicia, «hay que emitir un pronunciamiento sobre el respeto al Estado de Derecho».

«En este momento es Braulio Jatar, pero eso esta pasando día a día y situaciones como ésta, más que afectar a la víctima del terrorismo de estado, afecta la institucionalidad del país», advirtió Medina Roa a El Impulso.

«El terrorismo de Estado lo configuran todas aquellas acciones que ejerce el Estado en contra de los ciudadanos, que no estan ajustadas a derecho y se hacen por medio de la fuerza, es decir que son acciones de facto», explicó.

De igual forma, el miembro de Foro Penal señaló como un ejemplo grave de la ruptura de la institucionalidad judicial en Venezuela, la situación del también periodista Alejandro Puglia, quien fue acusado por la jueza y no por el Ministerio Público, como lo establece el ordenamiento jurídico.

«El caso de Puglia afecta la esencia del sistema acusatorio ya que allí el juez incurrió en usurpación de funciones», sentenció el abogado.

«Nuestro sistema procesal penal establece que el juez es el arbitro de una controversia que se plantea entre las partes, entiéndase ellas como el Ministerio Público, como representante del Estado, y la defensa como representante del acusado; el juez no puede decir más de lo que las partes planteen en un proceso, y si ambas coinciden en un punto como ocurrió en caso de Puglia cuando pidieron la libertad, la juez asumió un rol de inquisidor que esta reservado al Ministerio Público», explicó.

Finalmente, Medina Roa consideró que a la luz de este y otros acontecimientos ocurridos en los últimos dos meses, «parece que estamos ante un enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, cuando hace un año estaban completamente alineados».Esto, advirtió, «viéndolo con ojos jurídicos, es algo bueno».

 

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