En la mañana de ayer, una delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se dirigió junto a Polilara, Policía Municipal y miembros de la Dirección de Abastecimiento del estado Lara, a efectuar un operativo de revisión de los puestos de ventas informales, ubicados frente al Centro Comercial Cosmos.
Giomar Rojas, director de la Dirección de Abastecimientos, informó que habían recibidos múltiples denuncias por parte de habitantes a quienes les habían robado sus teléfonos celulares, y el GPS de su equipo, les indicaba que el paradero del mismo era en el C.C el Cosmos; asimismo, otro grupo de denunciantes, supuestamente se habían dirigido a arreglar su teléfono en los puestos del centro comercial y en el servicio les habían sido adulteradas o cambias algunas piezas.
El plan está enmarcado en un proyecto de mesas de diálogos que se efectúa desde el 31 de octubre del 2015, entre los vendedores ambulantes de la ciudad, los fiscales y la alcaldía, con el objetivo de llegar a un acuerdo que beneficie las ventas de los comerciantes y permita un libre acceso de vehículos y peatones en la zonas congestionadas del centro de la ciudad.
Cornelio Cala, jefe de fiscalización de la División de Mercadeo Barquisimeto, dijo que la principal razón de estos operativos es la recuperación de los espacios públicos.
Desde hace 15 días, la revisión se abocó específicamente a la avenida 20. “Le estamos notificando a los amigos de la economía popular de que no pueden trabajar hasta que no cierren las mesas de diálogo”.
En los alrededores del Cosmos permanece un grupo de vendedores informales, ocupando los espacios y haciendo una actividad que no tiene permiso sanitario, la cual es la colocación de unos supuestos brackets bucales.
La Dirección de Abastecimiento asegura que su lema y plan principal es “Educar para no sancionar”, indicándoles constantemente a estos comerciantes, las razones por la cual no deben ocupar esos espacios. Cala inclusive mostró un acta compromiso firmada por las autoridades del grupo buhoneril en donde aceptaban que mientras se consolidaron las mesas de diálogos, debían ubicarse en puntos estratégicos de la Plaza San José.
Frente a todas esas acusaciones, la Dirección de Abastecimiento con el apoyo de los entes de seguridad, realizaron la retención de los puestos de ventas, mientras se identificaban los datos de los comerciantes.
Agresión en la zona
Cuando los periodistas y reporteros gráficos de los medios de comunicación se dirigieron a la zona a tomar las imágenes de lo sucedido y pedir declaraciones a las organismos correspondientes, los buhoneros comenzaron a culpar a los periodistas de la situación, denunciándolos como “sapos”.
La periodista de Telecentro, María Laura Martínez, fue agredida por un grupo de aproximadamente 30 mujeres, encargadas de la venta de brackets; incluso les rompieron los lentes correctivos que cargaba.
Un equipo reporteril de V+TV y de la alcaldía del municipio Iribarren junto a fiscales que realizan el operativo fueron golpeados.
“Frente a todas estas agresiones vamos a activar nuestro grupo de abogados donde se van a ejercer acciones penales enmarcadas en el artículo 215 del Código Penal, que establece que la amenaza a un funcionario público puede ser castigada en prisión”, vociferó Cala.
