AN remitirá a la CPI informe sobre violación de DDHH en Venezuela

Prensa Asamblea Nacional | Foto: Cortesía |

La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), diputada Delsa Solórzano (Unidad/Miranda), afirmó que la próxima semana remitirán a la Corte Penal Internacional (CPI) el informe sobre violación de derechos humanos en Venezuela.

El planteamiento lo hizo a su salida del foro “Corte Penal Internacional y aplicación del Estatuto de Roma en Venezuela”, evento  que se efectuó en el edificio José María Vargas. Sede administrativa de la AN, donde asistieron además las diputadas Gaby Arellano (Unidad/Aragua), Adriana Pichardo (Unidad/Aragua) y el diputado Winston Flores (Unidad/Vargas).

Como ponentes  participaron Luis Izquiel,  abogado y criminólogo, quien expuso 10  claves sobre la investigación preliminar de la CPI en el caso Venezuela; Alí Daniels, abogado, profesor de derecho internacional humanitario, con su ponencia Mitos y Realidades de la CPI, mientras que en el caso de Venezuela Fernando Fernández, profesor de Derecho Penal Internacional de la UCV, habló sobre Prevención y represión de los crímenes atroces.

Manifestó la parlamentaria que la CPI  a través de la Fiscalía, órgano autónomo e independiente  de dicho ente,  abrió una investigación  preliminar para determinar  si los hechos ocurridos en Venezuela  durante el año 2017 donde resultaron asesinados por parte del Estado venezolano más  de un centenar de ciudadanos, la Comisión de Política Interior que preside  tiene registros  de más de tres mil detenciones arbitrarias.

Añadió que la instancia parlamentaria tiene registro de torturas, tratos crueles  inhumanos y degradantes  contra los detenidos,  sus familiares y  manifestantes. Asimismo, investigaciones importantes de brutal  represión y de distintos  heridos que resultaron  durante las manifestaciones sin desmerito, por supuesto,  de todo lo que fue la violación a  la libertad de expresión y ataques a la prensa durante el 2017.

“De todo esto, sin excepción, tenemos probanzas importantes  que vamos a consignar ante la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, para que  enriquezca la  investigación que está llevando a cabo”, dijo Solórzano.

La diputada refirió que la fiscal de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, envió una comunicación formal a la Comisión de Política Interior requiriendo   que le remitamos los  informes que tenemos  donde se han recabado todas las pruebas  en virtud de que ella ha solicitado  a la CPI la apertura de  la investigación por los casos 2017.

“Para complementar las  probanzas que ella ha entregado también quiere hacerlo con el informe de la Comisión de Política interior de la AN, por lo que se acordó remitirle a Luisa Ortega Díaz nuestros informes y probanzas así como  también a la CPI”, afirmó la legisladora.

Por otra parte, añadió que además  van a llevar a la CPI el caso de Oscar Pérez porque, en efecto,  el Estatuto de Roma señala que cuando  el Estado asesina a un ciudadano  en las circunstancias en las que fue  ultimado dicho ciudadano y su grupo  a pesar de haberse rendido -y de su redición hay suficiente evidencia- esto  encuadra dentro de  los crímenes del Estatuto de Roma.

Aclaró que el Estatuto de Roma  sanciona la responsabilidad  penal  de la persona, es decir, que la pena es individual. “De tal manera que aquellos que individualmente  han cometido el delito de homicidio, de tortura, tratos  crueles inhumanos y degradantes,  que individualmente han incurrido en  cualquiera de los delitos previstos en el Estatuto de Roma,  pueden ser sancionados con penas que van hasta la cadena perpetua”, aseveró.

Recalcó que estos informes y evidencias  serán entregados la próxima semana  en primer lugar a la fiscal Luisa Ortega Díaz y en esa misma semana estaremos remitiendo toda esta  documentación a la CPI  el caso de Oscar Pérez.

Precisó la diputada Solórzano que los casos que ha solicitado la fiscal se refieren a los ocurridos durante el año 2017, pero aclaró que eso no es obstáculo para que  se abran otras investigaciones por otros hechos porque la CPI  sanciona individuos.

“Es decir, que no hay obstáculo para abrir investigación por otros hechos y sancionar a los responsables. Por ello vamos a requerir la apertura  de una investigación  por lo ocurrido en el marco de la masacre de El Junquito. Asimismo vamos a enriquecer la denuncia de la fiscal Ortega Díaz anexando la documentación y pruebas de los hechos ocurridos en el 2014 y los que han venido sucediendo en el país desde el año 2000”, explicó.

Sobre las revelaciones de la fiscal Ortega Díaz, que al parecer recibió presiones de Diosdado Cabello para encarcelar a Leopoldo López, la diputada subrayó que lo que ocurrió en ese caso fue el efecto Afiuni (María Lourdes).

“Cuando los funcionarios se niegan a cumplir con esa presión terminan en la cárcel o en el exilio y justamente eso es lo que ha pasado en este caso. Aquí se evidencia de nuevo que Leopoldo López  es inocente, que es un preso político y hoy, precisamente, cumple 4 años de injusta prisión y no debió estar encerrado. No sólo porque lo dijo Ortega Díaz, sino el fiscal anterior  que fue quien llevó el caso. Esto es lo que ratifica la inocencia de Leopoldo López”, precisó la parlamentaria.

Dijo que todos los que luchan por Venezuela, periodistas, artistas,  políticos deportistas y  ciudadanos en general,  son víctimas de la persecución política.

“Eso va desde que te niegan la bolsa del Clap, el cupo en la escuela, una carta de trabajo, te piden un carnet violando tus derechos humanos porque pensamos distinto  y eso es lo que está ocurriendo con Leopoldo y con todos aquellos que nos atrevemos a levantar la voz”, expresó.

Al clausurar el evento, la diputada Solórzano  destacó que  el objetivo de este foro era para que  el país entienda lo que significa el Estatuto de Roma, lo que es la CPI y la Fiscalía Internacional. Agradeció a los ponentes, “su valioso aporte” en estos temas.

Agregó finalmente, que la Comisión de Política Interior dedicará este año mucho tiempo en la redacción del Código Penal Internacional y para ello contarán con la colaboración del internacionalista Fernando Fernández.

Asimismo trabajará en la redacción de la Ley de Calabozos Judiciales y la Ley para sancionar el robo y uso de celulares robados.

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