#Especial El presunto proveedor de armas de los narcosobrinos

José Manuel Zaá | Foto: Capturas/Cortesía |

Más de diez días pasó Gilson Barroeta tras las rejas, hasta la concesión de su libertad plena a través de una decisión judicial supuestamente irregular, dictada por el Juzgado Cuarto de Control y ratificada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara –conformada por Jorge Eliécer Rondón, Luis Ramón Díaz y Arnaldo Osorio-.

A raíz de la polémica que ocasionó el caso y con el fin de recopilar la versión de las partes en un solo trabajo periodístico, EL IMPULSO ofrece un resumen del caso.

 

Capturado por el Conas

Barroeta Flores fue aprehendido el sábado 18 de febrero del 2017 en el estacionamiento de unas canchas de arena ubicadas en el Colegio San Vicente de Paul, al este de Barquisimeto, en horas de la mañana.

Una persona -Ramón Alexander Escobar Duque- lo denunció en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional (GN), por unas supuestas amenazas de muerte extorsivas que habría hecho vía Whatsapp.

Guiado por los funcionarios militares, Escobar Duque pautó la entrega controlada de un cheque por 252 millones de bolívares en el lugar de la captura.

Al tomar el cheque, los efectivos entraron en acción y aprehendieron a Gilson Mauricio, para después conseguir una orden de allanamiento -emitida por el Juzgado Primero de Control del estado Lara- e incursionar en su hogar, ubicado en la calle Caracol de la urbanización Monte Real, al este de la capital larense. Allí se encontraron armas y municiones presuntamente de alto calibre.

Fue imputado por tráfico ilícito de armas de fuego en modalidad de ocultamiento, extorsión y agavillamiento por la Fiscal Cuarta del Ministerio Público (MP), Yaritza Berríos.

Cabe destacar que, conoció EL IMPULSO, el alto mando militar a nivel regional giró instrucciones para que este procedimiento no saliera a la luz pública.

 

Decisión “irregular” del Tribunal Cuarto

La audiencia de presentación de Gilson Mauricio que se realizó el martes 21 de febrero 2017, fue descrita como “irregular” por fuentes anónimas vinculadas a los tribunales larenses.

En ella, se informó en su momento, el Juez Cuarto de Control, Edgardo Sánchez, resolvió darle la razón a la defensa del presunto proveedor de armas de los narcosobrinos, tras anular las actas de los procedimientos y acordar la libertad del imputado.

No obstante, considerando que existían las pruebas suficientes para pedir la privativa de libertad, la representante del MP –en este caso Berríos– pidió el efecto suspensivo de las actuaciones e interpuso un recurso de apelación.

Por ello el caso subió a la Corte de Apelaciones, instancia desde la cual fue ratificada la libertad sin restricciones –el pasado 2 de marzo– debido a la anulación de todo el proceso por supuestos “vicios” en el arresto. Inicialmente el órgano militar informó que se había realizado en un centro comercial del oeste.

 

Utilizó el nombre de la primera dama Cilia Flores

Durante la captura los militares se escondieron en automóviles. Tras hacer su aparición una persona que acompañaba a Gilson sacó una pistola (Glock .40) para defenderlo, pero al ver que se trataba del Conas, no le quedó de otra que bajar la guardia.

El arma sería propiedad del mismo Barroeta y el portador fue identificado como Robert David Zapata Aldana.

Gilson después de ser esposado “comenzó a utilizar indebidamente el nombre de la primera dama, manifestando que era su familiar y que por ello debían ponerlo en libertad”, manifiesta la declaración escrita que entregó a EL IMPULSO la abogada de Escobar Duque, Betzabé Colmenares.

En ese escrito, expone Colmenares, las amenazas de muerte a su representado (también esposas e hijos) se intensificaron entre el 11 y 14 de enero.

Le exigían el pago de 70 mil dólares norteamericanos por la negociación de vehículos que aparentemente data de 2014.

Una camioneta Range Rover “de dudosa procedencia” y una Lexus, eran los vehículos por los cuales Escobar Luque presuntamente era extorsionado.

Colmenares desestimó la posición de la defensa privada de Barroeta Flores, la cual sostuvo en todo momento que se trataba de un montaje.

“No se puede confundir un montaje con un procedimiento autorizado por tribunales y el Ministerio Público. Es la única manera para detener a quienes cometen estos delitos”.

Asimismo, indicó que los miembros de la Corte de Apelaciones se entrevistaron “a solas” con un abogado de Barroeta Flores, un día antes de ratificar la libertad.

 

Defensa dijo que fue montaje

El abogado defensor del presunto socio de los primos Flores, Pedro Troconis, también director del Foro Penal venezolano en Lara (organización dedicada a defender a presos políticos), afirmó en entrevista a EL IMPULSO que Gilson Mauricio y Ramón Alexander son vecinos, que nunca hubo extorsión y que todo se trató de un montaje.

“Era una simple exigencia que hacía por el dinero de la camioneta a través de mensajes vía Whatsapp (…) Y lo que llegó a decirle es que lo iba a denunciar por estafa”.

“Tendrá que resolver su asunto afuera –en caso de confirmarse vinculación con los primos Flores- (…) Yo como abogado debo limitarme a este caso –el local- (…) No son familia, lo único que coincide es el segundo apellido”, fueron respuestas de Troconis para entonces.

Cabe destacar que Troconis es criticado por defender a esta persona cuando se muestra como opositor al Gobierno actual.

“Soy director del Foro Penal con mucho orgullo. Hay que separar una cosa de la otra. Yo soy apolítico y simplemente asisto a un cliente que acudió a mí”, contestó.

 

La conexión con los narcosobrinos

Según la periodista venezolana residenciada en Estados Unidos, Adriana Núñez Moros –colaboradora de Runrun.es-, el 14 de noviembre de 2016 el nombre “Gilson” salió a relucir por primera vez en el curso del juicio que se seguía en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, contra Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas. Figuraba como el supuesto proveedor de rifles de alto calibre y sus accesorios.

Detalló Núñez Moros, quien ha estado en las audiencias de los sobrinos de la Primera Dama de la República, que la identidad de Gilson permaneció en las sombras hasta que el equipo defensor de los primos Flores solicitó llevar a cabo un nuevo juicio; no obstante, la Fiscalía respondió con un documento de oposición en el que detallan los presuntos negocios de narcotráfico hechos previamente por Campo y Flores.

En él revelan el nombre completo del proveedor de armamento: Gilson Mauricio Barroeta Florez.

Como se informó en ediciones pasadas de EL IMPULSO, tras la búsqueda en varios portales de información se encontraron solo dos personas en Venezuela con el apellido Barroeta Flores; una de ellas es la persona que fue detenida en Lara. No figura otra persona con su nombre.

Cabe acotar, que el portal del CNE indica que su segundo apellido sería con la letra “z”, aunque en otros documentos legales aparece con “s”.

A su vez, se tiene conocimiento que Barroeta Flores ostenta propiedades en Estados Unidos valoradas en 313.890 y 587.886 dólares, según el avalúo realizado por el condado de Miami.

También tiene registradas al menos cinco empresas en suelo nacional y norteamericano.

Su boda con Teogleydis Camacaro León fue reseñada como un evento de relevancia en el año 2009.

EL IMPULSO le preguntó sobre el caso al presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Jorge Eliécer Rondón; sin embargo, este se negó a contestar alegando que no estaba autorizado para hablar sobre el tema.

Asimismo, existe la posibilidad que el Ministerio Público exponga el caso a instancias superiores como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

 

Este fue el cheque que se utilizó para el procedimiento de entrega controlada

 

A la tercera persona detenida por el caso, le abrieron otra causa y por ende no figura en el acta de audiencia

 

El número telefónico en acta coincide con el que la Fiscalía de Nueva York mostró en las conversaciones de uno de los narcosobrinos

 

 

Documento de compra/venta que firmaron por el traspaso de los vehículos

 

 

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