Luisa Ortega Díaz consignó una denuncia contra el decreto del Arco Minero

Carlos Guillén | Foto: Archivo |
FILE - In this Sept. 1, 2017 file photo, Venezuela's ousted Chief Prosecutor Luisa Ortega Diaz speaks to senators at the Senate chambers in Mexico City. Ortega has leaked a video purporting to show an Odebrecht executive admitting he agreed to pay money toward Venezuelan President Nicolas Maduro’s campaign in exchange for prioritizing the Brazilian construction giant’s projects. Ortega released the video Thursday, Oct. 12, 2017. (AP Photo/Marco Ugarte, File)

La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, introdujo un recurso de nulidad y un amparo cautelar contra el decreto del Arco Minero ante el Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional durante el transcurso de la mañana de este jueves.

Díaz declaró que la explotación minera que se está llevando a cabo en el estado Bolívar esta generando problemas en la población y que el Gobierno de Nicolás Maduro busca oficializar las estructuras mafiosas a través de los contratos que benefician los intereses de las compañías a las que se les han otorgado.

“Venezuela merece justicia. Con este recurso pretendemos garantizar el hábitat de esta zona que posee una biodiversidad muy frágil y asegurar la supervivencia de nuestros pueblos ancestrales quienes son los verdadero pobladores de esta zona” expresó durante una rueda de prensa ofrecida a medios de comunicación colombianos.

La fiscal advirtió que el decreto emitido el pasado miércoles 24 de febrero, generará un deterioro irreversible a los monumentos naturales como los Tepuyes, el Caura, La Reserva Forestal de la Paragua, entre otros, los cuales constituyen ecosistemas únicos y que son patrimonio de la humanidad.

De igual manera, comentó que el espacio comprometido es de 112.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y que las cabeceras del Caroní se encuentran ya bastante afectadas actualmente.

Finalmente, Ortega Díaz aseguró que los contratos emitidos en el marco del Arco Minero son ilegales, ya que no cuentan con la aprobación de la Asamblea Nacional.

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