Familiares de Henry Escalona de 21 años de edad y Vladimir Peña de 27 años de edad, quienes resultaron heridos la madrugada del pasado sábado 24 de junio, luego de ser atacados, rociados con gasolina y encendidos con fuego en la adyacencias de su residencia, piden justicia y atención médica oportuna.
En representación de los afectados declaró a los medios de comunicación Luis Rodríguez, vocero del consejo comunal Residencias Larenses, complejo urbanístico del gobierno donde residen Escalona y Peña junto a sus familias.
Cuenta Rodríguez que los jóvenes que resultaron quemados fueron atacados por “grupos violentos” que los llamaron “chavistas”. Al reconocer su inclinación ideológica los quemaron.
Acusan que se trató de un ataque por razones política y que no sería la primera vez que esto ocurre a los habitantes de Residencias Larenses, ya que en reiteradas ocasiones “grupos violentos”, han intentado ingresar al urbanismo y les han lanzado piedras y bombas molotov. No obstante, la comunidad se ha defendido.
La denuncia por los ataques a la comunidad ya ha sido presentada en el Ministerio Público, por lo cual piden una pronta respuesta. En los próximos días también harán lo propio, por los casos de Escalona y Peña.
Los jóvenes se encuentran recluidos en el Hospital Central Antonio María Pineda y no fue sino hasta la mañana de este martes cuando los trasladaron a una zona especial para quemados, según declararon sus allegados.
Los familiares indicaron que los ciudadanos no han recibido el trato debido, ya que en el centro de salud ni siquiera cuentan con gasa para las curas. Presentan quemaduras de tercer grado, por lo que solicitan se cumpla la atención médica debida.
En este sentido, exigen la intervención de las autoridades regional y local por el amedrentamiento del cual es objeto la comunidad.
Destacaron que Vladimir Peña es trabajador de la Fundación Regional para la Vivienda y Hábitat (Funrevi), por lo cual igualmente lamentaron las confrontaciones políticas.
Se atrevieron a cuestionar los ataques a instituciones públicas como la panadería popular de Patarata y la sede de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara), a diferencia del órgano estatal Funrevi, ubicado en la zona, el cual no ha sido objeto de daño.
