Por ser Lara el segundo estado del territorio nacional con mayor cantidad de víctimas durante las protestas antigubernamentales se desarrolló, ayer, en el monumento Flor de Venezuela de Barquisimeto, el foro sobre la Ley Constitucional contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica, acto encabezado por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, quien estuvo acompañada por la candidata a la gobernación, Carmen Meléndez, la alcaldesa designada Teresa Linárez, el diputado Raimundo Vale, constituyentes y la madre de uno de los muertos relacionados con las manifestaciones.
En suelo larense fallecieron 24 personas durante las protestas, hubo “centenares” de heridos, más de 150 autobuses del sistema estatal Transbarca dañados, ciudadanos asediados en las urbanizaciones por la “delincuencia organizada y el terrorismo”, daños ambientales y destrozos en la vía pública, según el recuento de Meléndez. De allí la importancia de debatir en este lado de Venezuela la mencionada ley. A los afectados la aspirante a sustituir a Henri Falcón como máxima autoridad regional garantizó: “Aquí en el estado Lara habrá justicia. Estamos trabajando para que se sepa la verdad y se haga justicia”.
En pro de hallar a los culpables, dijo en su discurso la excanciller, ayer, además de presentar el proyecto públicamente, se reunió con autoridades de organismos de seguridad locales como el general Rafael Mirabal, director provisional de la policía estadal, organismo intervenido actualmente por orden del Sistema Integrado de Policía (Visipol) “porque estuvo al servicio de los planes de violencia en Lara”, atribuyó Rodríguez.
Durante las manifestaciones, mencionó la presidenta de la ANC en las breves declaraciones a los medios previas al acto, de la totalidad de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) actuantes “apenas 18 están siendo investigados, lo cual revela que hubo respeto de parte de los organismos de seguridad, de los derechos humanos, hubo apego en la actuación conforme a los reglamentos de nuestras fuerzas de seguridad conforme a los estándares internacionales”. Los castrenses a los que hizo referencia, sin embargo, están prófugos de la justicia. A 14 se les relaciona con el asesinato de Gruseny “Tony” Canelón y a cuatro con el de Eyker Rojas.
El Ministerio Público (MP), agregó Rodríguez, está “revisando cada una de las actuaciones comprendidas del MP en la época de marzo a agosto de este año en lo referente a la violencia política, porque se han encontrado actuaciones desviadas de ese MP, se prejuzgaron actuaciones de la GNB con un claro sesgo político de no parcialidad ni de independencia”.
En la mira
Como lo adelantó Rodríguez, el control de los medios de comunicación y de las redes sociales será parte del contenido de la Ley Constitucional contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica propuesta por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro.
“Vamos a regular los mensajes en los medios de comunicación”, anunció sin dar detalles. Lo mismo ocurrirá con las redes sociales, utilizadas por la “derecha” para promover el odio: “El presidente de la república ha pedido que se controle este tipo de delitos, que la sanción sea severa porque sabemos que la motivación es el odio, la intolerancia; así que será castigada como corresponde, conforme a la Constitución, a las leyes, pero principalmente a lo que merece nuestro pueblo”.
A la Iglesia
Durante el evento, el diputado del Consejo Legislativo del Estado Lara (CLEL), Raimundo Vale, se refirió directamente al arzobispo de Barquisimeto, Antonio López Castillo, calificándolo como “un incitador de la violencia en Lara”, conducta por la cual, dijo, debe aplicarse la justicia. Se alió a estos señalamientos el constituyente David Fréitez, quien acusó a la Iglesia católica de haber “secuestrado” la Divina Pastora “para disfrazar la violencia” -a propósito de la procesión extraordinaria realizada en junio cuando sucedían las protestas del sector opositor-.
