Los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), muy consternados por las noticias que dicen sobre la muerte del concejal de Caracas y miembro de la dirección nacional del partido Primero Justicia, Fernando Albán, consideramos obligante declarar ante la comunidad internacional lo siguiente:
a) El concejal Albán, una vez como regresa al país el pasado viernes 5 de octubre,
procedente de Nueva York, luego de visitar a sus hijos y acompañar al dirigente
político Julio A. Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, en sus gestiones de
denuncia de la dictadura con motivo de las sesiones de la Asamblea General de la
ONU, es víctima de una desaparición forzada. De ella se hace eco, al día siguiente, el
Cardenal Jorge Urosa Sabino, Arzobispo Emérito de Caracas, declarando encontrarse
“sumamente preocupado”.
b) El 7 de octubre, tras más de 20 horas de desaparecido, el concejal Albán es llevado a
los tribunales del régimen a fin de imputársele tener relación con el presunto
magnicidio del que afirma haber sido víctima el dictador Maduro, cuya versión han
rechazado varias Cancillerías de la región. Sin más, personeros del régimen, el ministro
del interior, general Néstor Reverol y, el fiscal general designado por la llamada
constituyente, Tarek William Saab, afirman el día 8 siguiente que el concejal decidió
suicidarse en la sede de la policía política (SEBIN), tristemente famosa como sitio de
torturas, esperando su nuevo traslado a los tribunales, lo que ofende el sentido común.
En consecuencia:
– Condenamos el desenfreno criminal represivo por parte de la dictadura venezolana,
que se agrega al mantenimiento de su pueblo en condiciones de hambruna generalizada
y de masiva diáspora hacia el extranjero.
– Hacemos propia la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso
Chitay Nech, 2010), a cuyo tenor “el solo hecho del aislamiento prolongado y de la
incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano [tanto como…] el
sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales, agentes estatales o
particulares que actúen con su aquiescencia o tolerancia, que impunemente practiquen
la tortura y el asesinato, representa, por sí mismo, una infracción al deber de
prevención de violaciones a los derechos a la integridad física y a la vida, aún en el
supuesto de que no puedan demostrarse los hechos de torturas o no haya sido
ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto
