La policía antimotines improvisó el jueves un escudo frente al palacio de gobierno de La Moneda: dispuso dos autobuses cerca de las grandes y pesadas puertas de su cara norte para evitar que miles de trabajadores ingresaran al edificio y mostraran su inconformidad ante el incremento salarial aprobado la noche anterior.
Adentro estaba la presidenta Michel Bachelet con su ministro de Interior, Mario Fernández. Afuera, miles de empleados públicos forcejeaban con la policía antimotines —que los contenía con chorros de agua y gases lacrimógenos— mientras evidenciaban su descontento ante el aumento de 3,2%, que ellos consideran insuficiente.
Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior, señaló que llegaron a congregarse unos 6.000 manifestantes en torno al palacio y destacó que todas las personas tienen el derecho a manifestarse pacíficamente.
Otros grupos de trabajadores se coordinaron para protestar y se reunieron en otros puntos, como la sede del Congreso, el vecino puerto de Valparaíso y gobernaciones de ciudades del sur del país.
La situación se tornó peligrosa: el número de manifestantes empezó a superar al de la policía antimotines y desplazó por momentos las rejas de protección del edificio y tuvo que intervenir la dirigente sindical Bárbara Figueroa, quien explicó que el aumento ya estaba firmado y no había otra cosa por hacer.
Los trabajadores, molestos, escupieron y la obligaron a retirarse.
Se esperaba que la aprobación del aumento salarial, que ocurrió la noche del miércoles, pusiera fin a una huelga de tres semanas, pero aún se mantiene el descontento entre los empleados. En principio ellos demandaron un aumento de 7,5% y luego bajaron su petición a 4,0%. El gobierno, por su parte, ofreció un 2,9% que sólo elevó hasta el 3,2% que se aprobó el 16 de noviembre ante el Congreso.
Según los trabajadores el alza real será de 0,2%, ya que deben descontar la inflación anual.
Los incidentes del jueves empezaron luego de que uno de los dirigentes sindicales, Esteban Maturana, llamara a los trabajadores a expresar su descontento en La Moneda.
Su colega, Raúl de la Puente, advirtió a los parlamentarios que aprobaron el incremento que sufrirán «un costo político grave en un año», en alusión a las elecciones de diputados y senadores de noviembre de 2017.
