CNP exige al Ministerio Público que cese la impunidad

MAM |

Representantes del Colegio Nacional de Periodistas y otros organismos gremiales instaron a la Fiscalía General de la República a detener la impunidad que norma en las investigaciones sobre agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa.

A propósito del ataque sufrido por al menos 13 comunicadores el jueves pasado en las puertas del Consejo Nacional Electoral, de manos de funcionarios de la Guardia nacional y simpatizantes del oficialismo, exigieron una investigación seria acompañada de un pronunciamiento.

“Exigimos respuestas del Ministerio Público por gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas el pasado jueves en el CNE”, expresó Marco Ruíz, vocero del grupo y presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, al momento de consignar una comunicación.

La misiva, dirigida a Luisa Ortega Díaz, recuerda a esta funcionaria que ya es recurrente el silencio institucional frente a una serie de agresiones de vieja y reciente data cuyos responsables ni siquiera han sido establecidos por la Vindicta Pública.

“Entre las responsabilidades que tiene el ente que usted dirige está el de representar los intereses de la sociedad, mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisten carácter de delito. Sin embargo, hasta la fecha su despacho ha incumplido con este mandato que le impone el artículo 285 de la Constitución Nacional”, recuerda el organismo gremial a Ortega.

Ese silencio ya se ha convertido en un patrón, o lo que es lo mismo, “la tolerancia a la violencia contra periodistas es ya política de Estado”, recalcó Carlos Correa, director de Espacio Público.

Instrucciones

En el caso específico de las agresiones del jueves, el Colegio Nacional de Periodistas solicitó al Ministerio Público que “con urgencia imponga medidas de protección en favor de los equipos de prensa”. Además, que oficie también a los organismos de seguridad del Estado (Fuerza Armada, Cicpc, Policía Nacional, policías regionales y municipales) para que “garanticen la integridad de estos equipos donde quiera que coincidan en el ejercicio de sus respectivas funciones”.

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