Desalojo en La Pastoreña ocasionó protesta

Ayer, las 130 familias de Yacural que invadieron un terreno del conjunto residencial La Pastoreña, en el este de la ciudad, fueron desalojadas antes de las 7.00 de la mañana. El operativo estuvo a cargo de la Policía Municipal, con unos 65 funcionarios, en cumplimiento de la orden que emitió el Tribunal 5to de Control, ante la denuncia de los residentes del urbanismo privado. Desde el 16 de febrero en la noche, los ocupantes permanecían en la extensión de tierra que colinda con el estacionamiento del complejo residencial.
Finalmente, se acogió la petición que, día tras día, hicieron a las autoridades del municipio, los dueños de los apartamentos: que se realizara el desalojo. Los tres ranchos de zinc, donde resguardaban los espacios que supuestamente utilizarían para el proyecto de viviendas de la comunidad, fueron desmontados por los efectivos policiales. No quedó rastro de la situación irregular que se hizo noticia durante toda una semana.
En el desalojo no hubo agresiones ni alteraciones de ningún tipo, sostuvo Edgar Salas, integrante de la junta de condominio de La Pastoreña, a propósito de la medida judicial que ejecutaron los policías municipales, cuando ni siquiera había salido el sol. La pesadilla terminó, al menos, para los propietarios. Sin embargo, la otra parte, las familias en demanda de vivienda, continúan desesperados por falta de un domicilio propio. No se resignan a perder lo que parecía ser una oportunidad de obtener la casa de sus sueños.
Cerraron el paso
En este sentido, los llamados “pisatarios”, tal como los califica el Presidente de la República, salieron a protestar en rechazo a la desocupación que llevó a cabo la Policía Municipal, en compañía de otros organismos gubernamentales que garantizaron el respeto por los derechos humanos y la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Al principio, se apostaron en la única entrada y salida de la urbanización La Pastoreña, por esa razón, en las redes sociales se hablaba de una supuesta situación de secuestro. Los dueños no tenían forma de salir.
Sólo que, al cabo de unos minutos, partiendo de las conversaciones entre los residentes y el grupo de ocupantes, decidieron trasladar la manifestación hasta la intercomunal Barquisimeto-Cabudare. El caos no tardó en hacerse sentir. Vehículos de cargas pesadas, quedaron atrapados en largas colas que existieron por más de cuatro horas.
Mientras que los conductores particulares y unidades del transporte público debieron utilizar vías alternas. Las personas que emprendían recorridos de Cabudare a Barquisimeto y, viceversa, optaron por la carretera vieja de Yaritagua y la avenida Ribereña para llegar a sus compromisos personales, de estudio o trabajo.
Uniformados de las policías estadal y municipal, así como adscritos al Cuerpo de Tránsito Terrestre, estuvieron en los alrededores y en medio de la protesta, en pro de servir a los ciudadanos. No obstante, en materia del tránsito automotor, el congestionamiento requirió de más funcionarios, así lo expresaban quienes terminaron afectados por las largas colas de vehículos.
Abrieron otro boquete
De la misma manera que abrieron un boquete en la pared, el pasado 16 de febrero, lo hicieron este viernes a mediodía, aunque menos significativo, para tratar de ingresar a las instalaciones del terreno de la urbanización. Sin embargo, los policías impidieron que retomaran la ocupación.
Los vecinos de Yacural que participaron de la invasión, aseguran que cuentan con el apoyo de toda la comunidad, así como de sectores vecinos. En las pancartas que exhibían durante la protesta, reclamaban a la alcaldesa de Iribarren, Amalia Sáez, desatender el plan habitacional que presentaron a su gobierno.
También advirtieron con mantener las manifestaciones en plena vía pública hasta tanto les sea devuelto el terreno. Con neumáticos encendidos, troncos, entre otros objetos, evitaron que la circulación de vehículos siguiera el rumbo cotidiano. Hasta el Monumento a la Divina Pastora, en la redoma, estuvo rodeado de cauchos ardiendo.
Argumentan con bases legales
Invasores.
Artículo 82 de la Constitución:
“Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias…El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas”
Propietarios.
Artículo 471-A del Código Penal
“Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenos, incurrirá en prisión de cinco
años a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.)…La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión…”
Foto: Elías Rodríguez

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