Trabajadores de empresas del Estado exigen cumplimiento de beneficios laborales

Trabajadores de varias empresas del estado Lara efectuaron en horas de la tarde de ayer, una asamblea en la sede de Alentuy, en la Zona Industrial II de Barquisimeto, para discutir la situación de deterioro de condiciones laborales y la merma de producción que los afecta.

En este sentido, trabajadores de Pdvsa Gas denunciaron que el gerente de la planta, Gaspar Camacho, ha convocado a los miembros de la comuna Pío Tamayo a efectuar una concentración frente a la empresa el próximo viernes. José Colmenárez, representante del sindicato y despachador de Pdvsa Gas, recordó que 230 trabajadores están en la nómina de la planta y que uno de los problemas que los aquejan es la eliminación del segundo turno diurno. “Antes teníamos un turno de 2:00 a 10:00 a.m. que nos garantizaba de 2 a 3 mil bombonas que sacábamos al mercado antes de las 9:00 a.m., ahora esos camiones están varados porque no hay bombonas por llenar”.

Destacó que en anteriores ocasiones han presentado comunicados ante la Inspectoría del Trabajo y el CORE 4 de la Guardia Nacional Bolivariana, para denunciar esta y otras irregularidades. En cuanto al gerente de la planta, indicó que se le han pasado por escrito todos los problemas que afectan a los trabajadores.

“Lo que estamos produciendo no alcanza para la gran demanda en la calle”, precisó, añadiendo que había un déficit de 1.250 bombonas, lo cual obligaba a hacer cola con los camiones, al tiempo que se había creado una ruta para que los propios miembros de la comuna repartieran las bombonas en su sector, pero aclaró que Freddy Rodríguez, representante de la comuna Pío Tamayo, estaba solicitando al gerente de la planta el equipo necesario para lograrlo, pues no disponía de herramientas para trabajar.

Colmenárez aclaró que la escasez de bombonas se debe a que en las renovadoras en Chivacoa y Jacinto Lara, y Guarenas, en el estado Miranda, así como en Maracay, no se están fabricando bombonas. “El problema no somos los trabajadores. Todos cumplimos el horario, pero tampoco contamos con suficientes camiones”, acotó.

En cuanto a los beneficios laborales, el vocero sindical señaló que no se les ha renovado el contrato colectivo en más de cinco años y la empresa sólo les da una prima de 500 bolívares por hijo para los útiles escolares de los niños. Reiteró que Camacho instiga al conflicto entre la comunidad y los trabajadores, algunos de ellos con 15, 18 y 20 años en la empresa, al permitirle a los miembros del consejo comunal Pío Tamayo operar los sistemas de llenado de la planta, los sábados cuando no está presente el personal regular, sin tener ningún conocimientos o recibir una mínima inducción sobre los procedimientos de seguridad que deben seguirse, poniendo en riesgo sus vidas y las de los residentes de los sectores cercanos a la planta, ante la altísima volatilidad del gas.

“Camacho sólo tiene 3 meses trabajando aquí, y no ha sido capaz de unirse a los trabajadores para resolver la situación”, dijo, agregando que no tenían ningún problema con que los consejos comunales quisieran crear sus propias rutas de distribución, siempre y cuando laboraran con los trabajadores de la planta y no buscaran quitarles sus puestos.

Por su parte, el delegado de prevención del sindicato de Pdvsa Gas, Ramón García, hizo notar que quienes dirigen ahora la empresa, designados a dedo por el Gobierno nacional, desconocen completamente la funcionalidad del sistema. “Miguel Rojas, gerente general de Pdvsa Gas en Lara, es técnico en Alimentos. ¿Qué tienen que ver los alimentos con la industrialización del gas? Y Gaspar Camacho, gerente de la planta, es docente. Están totalmente aislados del sistema, y esta no es su área para efectuar un buen trabajo”, destacó García.

En Alentuy
también reclaman

José Zambrano, trabajador de Alentuy, donde se fabrican envases de aluminio, señaló que la sede lleva 25 días paralizada por falta de insumos. Sin embargo, informó que, al parecer, los representantes del Ministerio de Industrias se habían conmovido por la situación y finalmente se habían presentado la mañana de ayer en la planta.

“Es necesario que de verdad traten esta situación y no que simplemente vengan a engañar a los trabajadores y se mantenga la interrupción del proceso productivo. Necesitamos que la empresa contribuya con la economía, tal como se indica en el programa de gobierno Simón Bolívar”, comentó, puntualizando que en estos momentos Alentuy debería estar produciendo 300 mil envases, pero en realidad no está fabricando prácticamente nada, lo cual afecta a los 550 trabajadores de la planta.

“Además, varios compañeros de la Misión Saber y Trabajo fueron contratados de forma ilegal, con un contrato de un año, el cual les viola sus beneficios, ya que cobran un sueldo mucho menor al que devengamos los demás trabajadores.

La propia Inspectoría del Trabajo se ha pronunciado al respecto, e incluso le hemos preparado un documento con nuestras firmas, porque debe buscarse que los funcionarios que no laboran por el proceso, dejen sus cargos y no sigan entorpeciendo nuestras funciones en la empresa, ya que luego se dice que los trabajadores estamos saboteando y no queremos laborar, lo cual es totalmente falso”, arguyó Zambrano.

A su vez, Carmen Ramírez, delegada de prevención de Alentuy, explicó que a pesar de haber muchas condiciones laborales inseguras, la empresa alega que en las presentes circunstancias, no se le puede dar prioridad a aspectos de seguridad y salud industrial.

“Actualmente laboramos en dos turnos rotativos, pues no se trabaja el turno nocturno por falta de lubricantes”, dijo, advirtiendo que la empresa está sometida al centralismo, por cuanto Dino Daboín, presidente de Alentuy, toma todas las decisiones, aunque existe una junta conformada por tres trabajadores.

Los empleados también confirmaron que Daboín no se había acercado a la planta en 15 días hasta la mañana de ayer. Igualmente hicieron un llamado al Gobierno nacional para que haga un estudio de todas la empresas que han sido expropiadas, como por ejemplo Lácteos Los Andes y Tubelca, entre otras.

“Las empresa cuyo control ha tomado el Gobierno, no están funcionando, y eso repercute de manera negativa sobre la masa laboral. No sabemos si cobraremos utilidades, prestaciones o vacaciones de la contratación colectiva”, afirmó César Tovar, delegado de prevención.

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