Adriana Díaz, presidenta de Hidrolara, explicó que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, no cumplió con el convenio firmado el pasado mes de mayo entre ambas partes que comprometía a la casa de estudio a realizar el conector de los servicios de aguas negras de la sede nueva al servicio regular, ubicado en la avenida Argimiro Bracamonte.
El convenio que se firmó entre las partes, obligaba a la UNES a “la construcción de un colector de descarga que va desde la universidad hasta la avenida, de 12 y 16 pulgadas y con una meta física de 150 metros lineales, y un acueducto de PVC de 16 pulgadas desde el mismo lugar”, explicó Díaz. Luego, Hidrolara podría darle “el número de información al abonado, código del cliente, la solvencia de servicio, la toma y el empotramiento”.
Según explica la máxima representante de la hidrológica regional, cada empresa, sea pública o privada, tiene un año para llevar a cabo su compromiso, sin embargo, por la urgencia de la UNES, debían adelantar las obras de forma inmediata.
Meses después, y tras varios informes hechos por Hidrolara, se detectó que la universidad, a través de sus contratistas, habrían desincorporado a las residencias ubicadas en las adyacencias a la sede, para incorporarlas al acueducto, “ocasionando serios problemas. El 10 de octubre hicimos una inspección donde vimos que sólo estaba incorporado la UNES al sistema de cloacas y no los edificios. Levantamos un acta.
De ahí surge el pronunciamiento por parte del presidente Maduro (Nicolás). Recibimos una llamada del ministro (de Ambiente, Miguel Rodríguez), fuimos a reunión, le explicamos todo, y manifestaba que no había voluntad política, pero le dije que de no haberla, no existiría este convenio”, relató Díaz.
Sin embargo, la representante de Hidrolara, quien visitó las instalaciones de la redacción, descartó la posibilidad de que la hidrológica sea intervenida, “el momento de hacerlo fue ese día”, explicó. Sobre las acusaciones de una “falta de voluntad política”, Díaz lo atribuye al discurso político de cara a los comicios municipales a desarrollarse en diciembre.
Caso Uruguay
Sobre la avenida Uruguay, Adriana Díaz explicó que “el terraplén está cediendo, y no sabemos las causas”. Además indicó que se llevó adelante una reunión entre el Colegio de Ingenieros del estado Lara y la gerencia técnica de Hidrolara, durante la cual se elaboró un informe de diagnóstico y recomendaciones.
A corto plazo, se reubicará el colector que está en la avenida hacia la calle 17, con un monto de 4 millones de bolívares, y la rehabilitación del drenaje que está fracturado. “Eso lo haremos este año, con crédito adicional previa autorización del CLEL”. A largo plazo, hacer un diagnóstico geotécnico, hidráulico y estructural, con una duración de 4 ó 5 meses y un costo de un millón de bolívares, hecho por Hidrolara. De allí, las obras que se requieran para resolver el problema, deberán ser asumidas por la Alcaldía.
