La traición a la democracia en las Américas

He afirmado, coloquialmente, que la resolución adoptada por el Consejo Permanente de la OEA, expresando “solidaridad y respaldo a la institucionalidad democrática, al diálogo y a la paz en la República Bolivariana de Venezuela”, entierra a la Carta Democrática Interamericana; a la vez que le pone punto final a la razón de ser del Sistema Interamericano, que nace con la Carta de Bogotá (1948) y, en esencia, tiene como propósito actual la garantía colectiva de la democracia.

Caben, no obstante, algunas precisiones. La primera, esencial, es que en verdad no mueren los principios que le sirven de fundamento ni los estándares que le dan contenido a la democracia mientras los ciudadanos la defiendan; pues ella es, como reza la Carta Democrática, derecho humano de los pueblos. Como tal, es anterior y superior al Estado, tanto como a las organizaciones internacionales que sólo acogen a los gobiernos de los Estados.

De modo que, con la citada declaración, ha muerto, sí, la garantía institucional y política de la democracia en las Américas. Al igual que en Venezuela, donde cedió la independencia de la Justicia y se usan a los jueces para criminalizar a la disidencia. Y al denunciar Maduro el texto de la Convención Americana de DDHH, significa ello que perdimos las “garantías” de nuestros derechos, es decir, el derecho de reclamo ante quienes, negados a garantizar los derechos, optan hoy por desconocerlos y violarlos impunemente.

Los derechos humanos, entre éstos el derecho a la democracia, son de las personas, no de los gobiernos. No por azar, la Constitución de 1999 hace reposar en el pueblo el poder constituyente (artículo 347), y le pide al pueblo desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos (artículo 350).

Lo ocurrido en Venezuela – la puesta en marcha de una política de Estado orientada a reprimir, por razones políticas, a los opositores, usando las armas de la república y estimulando para ello a grupos paramilitares bajo su control – y la meliflua consideración que tal asunto recibe en la OEA, pone sobre el tapete una cruda verdad.

El rescate de la libertad y la democracia en nuestro país queda en manos de los venezolanos, y será el hilo conductor que, como en el tiempo de nuestra Emancipación, permitirá luego que los pulmones de la moral democrática se expandan hacia todos los gobiernos de las Américas.

¿Y, por qué afirmo que la declaración C084/14 adoptada el 7 de marzo pasado, borra del escenario político oficial las obligaciones de garantía que impone la Carta Democrática, interpretación auténtica del tratado fundacional de la OEA?

La declaración parte de un falso supuesto, “hace votos para que las investigaciones tengan una rápida y justa conclusión”, siendo que la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos se han pronunciado varias veces sobre el uso de los jueces en Venezuela para doblegar a los adversarios del régimen marxista imperante.

Luego, en una suerte de sincretismo de laboratorio se compromete con la defensa de la institucionalidad democrática; pero alega que lo hará sin inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela.

Cita la declaración la Carta de la OEA y habla del Derecho internacional, pero omite toda mención de la Carta Democrática Interamericana, por una razón elemental. Una vez adoptada en 2001, producto de una evolución doctrinal de décadas y bajo el respaldo de más de 500 enseñanzas de la jurisprudencia interamericana, los gobiernos de ese tiempo hoy son otros.

Todos a uno, con sus variantes, los presidentes de las Américas se cuecen en los moldes del mismo régimen autoritario instalado en Caracas. Usan a la democracia para vaciarla de contenido y reelegirse. Y cabe decir que, por obra de la cultura que a todos nos lega la tragedia de la Segunda Gran Guerra del siglo XX, es dogma – que prostituye la actual OEA – que ningún gobernante puede tremolar la idea de la soberanía para encubrir sus violaciones de derechos humanos, léase, sus atentados a la democracia.

Al paso, la declaración legitima, sin necesidad, al represor Nicolás Maduro, electo en elecciones cuestionadas y quien llega al poder por disposición testamentaria de Hugo Chávez, violándose la Constitución que le prohibía su ejercicio del poder como Encargado y lo inhabilitaba entonces para ser candidato presidencial.

Maduro rompe relaciones con Panamá por ejercer un derecho que consagra la Carta Democrática y amenaza a la OEA, que en su amoralidad, bajando la cabeza, decide saludar con beneplácito el “monólogo” instalado en el Palacio de Miraflores. De victimario, sus colegas, salvo honrosas excepciones, lo han transformado en víctima.
[email protected]

PUBLICIDAD

Comentarios

Comentarios