Editorial: El caso Afiuni

En este país están pasando cosas aberrantes.

Lo peor es que suceden con una frecuencia de vértigo, que no dan tiempo siquiera para respirar hondo, y, además, su abominación es creciente. Cuando se piensa que ha ocurrido lo máximo que como sociedad podemos tolerar, se produce un escándalo que deja pálido el anterior.

Es lo que presenciamos con el bochornoso caso de la jueza María Lourdes Afiuni. Toda esta historia deja al descubierto lo torcido que está el Derecho, en nuestra nación. La ausencia de justicia, que ya Platón consideraba un bien indispensable para la felicidad, ha subvertido valores esenciales. Ha creado un primitivo estado de indefensión, e institucionalizado el atropello a los derechos humanos. El corolario es este salvaje reino de la impunidad.

Justo cuando Venezuela alcanza un sillón en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se descubre que, aparte de que el Estado venezolano perdió el control de las cárceles, como tampoco tras 20 planes de seguridad puede reducir el delito en las calles, en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), pueden registrarse depravaciones como las descritas por la citada jueza en el libro Afiuni, la presa del Comandante, cuyo autor es Francisco Olivares,  periodista de investigación del diario El Universal.

La “Orientación Femenina” del INOF es un bestial repertorio de vicios que habrían fascinado al Marqués de Sade. Los negocios ilícitos alrededor de la droga, el alcohol, la prostitución. La enfermería convertida en retumbante burdel. El tráfico de privilegios entre internas y custodias, a punta del favor sexual. Las escapadas nocturnas de presas y uniformados. El área llamada “Praga”, a donde van a parar todas las recién ingresadas, puestas al servicio de las “machitos”, en condición de esclavas.

Y todo eso, en medio del temor, presente cada día, de ser agredidas. Un miedo que no tiene nada de figurado, de hipotético. Afiuni lo vivió en carne propia, como ha tenido el admirable valor de confesarlo. La amedrentaban y golpeaban de tal forma que le dejaron una lesión en un seno y marcas de hojillas en las piernas. Y a los siete meses de reclusión experimentó el lado más sombrío de su desgracia, en la enfermería. Ella está segura de que en su violación intervinieron funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia. “A mí me sacaron el útero, pero me encontraron seis miomas… Yo tuve una pérdida en el penal”.

En cualquier país del mundo el Gobierno habría tambaleado por menos de esto. La opinión pública estaría de pie, sintiéndose lastimada, ofendida. Alguna institución, alguna autoridad, habría levantado su voz, con indignación y vergüenza, a los efectos de exigir una averiguación exhaustiva, transparente, imparcial. Pero no, estamos en Venezuela. Aquí no sólo ha importado un rábano que, según ha advertido Afiuni y ratificado sus abogados, de esta situación estaba en cuenta, desde hace dos años, el Presidente. Encima de todo este alucinante desparpajo, ahora se pretende acusar a la víctima de estos abusos de difamación e injuria. Qué barbaridad.

De manera que son pocas las esperanzas que pueden cifrarse en cuanto a que las instituciones del Estado tengan la iniciativa de promover la justicia, y hacer relucir la verdad. Como tampoco la hubo en lo tocante al espantoso antecedente del productor agropecuario Franklin Brito, oficialmente vejado hasta su muerte. Esto nos recuerda la expresión de la escritora española Concepción Arenal, al sugerir que “la injusticia, siempre mala, es horrible ejercida contra un desdichado”. Ahora, lo deseable es que al menos la ciudadanía no extravíe sus principios. Nadie debe resignarse a vivir en un país gobernado por la arbitrariedad, la inmoralidad y el ultraje. Esa es, quizá, la manera más perversa de perder la libertad.

 

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