Editorial: ¿Por qué no debaten?

El domingo 16 de diciembre, es decir, en poco menos de dos meses, los venezolanos estamos llamados a acudir de nuevo a las urnas electorales.

Lo primero que salta a la vista es el abultado contrasentido de que en un país donde la suerte de todo gira en torno a los criterios o presunciones de un solo hombre, atornillado en el poder, cuando apenas salimos de una elección nos vemos enfrascados en otra. En abril de 2013 se producirá una nueva jornada comicial, en esa ocasión para la escogencia de los concejales, con su período vencido desde hace cuatro años.

Todo esto es una clara evidencia de que votación y participación no son, forzosamente, sinónimos. No son valores equivalentes, al menos en esta hora política. Votamos mucho, elegimos poco, y, con todos los poderes públicos aglutinados bajo una sola voluntad, participamos menos aún. Pasará quizá mucho tiempo para que en Venezuela el acto de elegir rescate su contenido ciudadano, soberano, y deje atrás su actual propensión tumultuaria. La democracia, para alcanzar su exacto sentido, encara la exigencia de ser directa y participativa. No podrá, además, abolir el elemental principio de la alternancia. Y requiere, en nuestro caso, que una de las pocas oportunidades que tenemos para expresarnos, y decidir, esté libre de toda coacción, de todo ventajismo, de toda sombra de duda.

Pero, a pesar de la desnaturalización, de los profusos vicios y lagunas en que ha incurrido el ejercicio del voto, tal derecho no puede ser desechado en los altares de la frustración, de la desesperanza. No tenemos, ahora, más elección que aferrarnos a esta solitaria herramienta de decisión, por precaria que parezca. Porque los extravíos y carencias de la democracia jamás se corregirán con renuncia, con ausencia. Con abstención. Tenemos una amarga experiencia reciente en ese sentido.

Hacer un vacío generalizado en las urnas facilitaría los planes de quienes tienen como principal arma jugar al desgano del oponente, a la apatía de la mitad de la nación no favorecida en la justa comicial del 7 de octubre. Sería servirle la mesa a quienes están prestos a sacar ventaja del abandono de los que, precisamente, suelen acudir a los procesos electorales en forma espontanea. Es el escenario ideal para los partidarios de aplastar todo signo de equilibrio, de contrapeso, valor inseparable de la democracia; e imponer, así, su hegemonía, su totalizante ambición de poder.

Los dos más prominentes candidatos a la gobernación del estado Lara son hombres conocidos. Fueron aliados partidistas. Ahora asoman agriamente enfrentados. Ninguno nació aquí, pero ambos ya han ejercido el cargo. Uno en dos períodos anteriores, el otro en la actualidad. De manera que las obras de uno y otro están a la vista. Nadie podrá llamarse a engaños. Están dadas las condiciones para que se produzca un voto consciente, racional.

¿Cuál de los dos demuestra mayor sensibilidad social? ¿Quién ha tenido mayor cúmulo de poder e influencias, bajo la revolución, y qué uso les ha dado? Uno de ellos, Luis Reyes Reyes, ha ejercido el poderoso ministerio de Infraestructura, la Secretaría de la Presidencia de la Republica, el ministerio de Salud. Además ha sido diputado a la Asamblea Nacional y jefe de la Corporación Jacinto Lara (Corpolara, organismo que sepultó a la entrañable Fudeco, y es una especie de gobernación paralela, con abundosos recursos exentos de todo control). El otro, Henri Falcón, fue alcalde de Iribarren en dos períodos y ahora ostenta el cargo en disputa.

Más que el ruidoso choque personal de dos figuras enemistadas, para los larenses el 16-D brinda la oportunidad de escoger entre dos estilos y dos modelos muy disparejos de entender el compromiso público. Y un aporte para clarificar más las cosas y decidir a conciencia, sería que los dos aspirantes se enfrenten a mediados de noviembre en un debate público, televisado en vivo por las plantas locales, en igualdad de condiciones.

Sería una manera civilizada de defender sus actuaciones públicas y, sobre todo, de exponer y contrastar con claridad sus ideas y proyectos en una entidad que ha crecido, en población y problemas, se ha vuelto compleja y exhibe tantos cabos sueltos en su desarrollo.

El expediente de sacar del terreno al contrario por el atajo de la inhabilitación, aparte de improcedente, luce un mecanismo grosero, cobarde. A buscar, pues, el voto por las vías licitas. A debatir. Es de suponer que ambos tienen algo qué decir.

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