Las sanciones (Editorial)

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la aplicación de sanciones a funcionarios venezolanos señalados de violentar los derechos humanos de opositores, detenidos tras las protestas registradas de febrero a mayo.

Las medidas contenidas en una ley que espera por la firma del presidente Barack Obama, incluyen la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense, especialmente en el estado de la Florida.

Era de esperarse que el Gobierno venezolano asumiera con serenidad semejante sanción, y hasta la despachara por risible, absurda, pues, en primer lugar, ¿para qué van a querer ir los jerarcas socialistas al Imperio, a ese detestado infierno del capitalismo? ¿Cómo imaginarse, siquiera, a los patriarcas de la revolución bolivariana, poseídos por la “locura consumista”? Y, sobre todo, ¿bienes, fortunas, en Miami? ¿Qué funcionario venezolano podría gozar de posesiones en Miami, si ser rico es malo en cualquier parte del mundo, y más aún en los espacios de esa gusanera cubano-estadounidense? ¿Alcanzan sus sueldos, en bolívares devaluados, y en medio de un opresivo control de cambio, para tal señal de opulencia?

Pero no, el presidente Nicolás Maduro no se burló de todo esto. Ha montado en cólera. Para variar. Es más, convocó una marcha este lunes en Caracas, “contra el imperialismo”. Y animó a sus esmirriados bastiones: “Este 15 de diciembre en la calle. En combate, en alegría, con dignidad. ¡A los libertadores se respeta!”

Maduro, que se ha anotado por estos días una nueva fricción diplomática con España, confirmó, públicamente, que maneja los hilos de la justicia, cuando dictó a los tribunales que llevan las causas de los presos políticos, que “ni derrocándolo” pueden salir en libertad “los fascistas”. Están siendo juzgados, supuestamente, pero ya los condenó. Además, a coro con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, habla de “injerencismo” por parte de Estados Unidos, a la vez que se esfuerza por presentar la sanción como una nueva agresión a la patria, al pueblo, ¿a “los libertadores”?

Desde estas páginas jamás aplaudiríamos una embestida de ninguna potencia contra los intereses de nuestra nación. Una sanción económica en perjuicio de la República, un embargo petrolero, pongamos por caso, habría contado con nuestro más enérgico rechazo. Clarificado eso, es lícito advertir dos cosas: Primero, la certeza de que el régimen venezolano desprecia la vida y la condición, incluso social y política, de quienes no comparten sus requiebros ideológicos, no es un hallazgo de los gringos. Los venezolanos tienen plena conciencia de eso. Y organismos internacionales, como la OEA, lo han confirmado.

Segundo, si se califica de “injerencista” la negación de visados y la congelación de bienes, por parte de los Estados Unidos, dentro de su territorio, ¿cómo queda un Gobierno que guarda tan poco respeto hacia la propiedad privada de sus mismos connacionales, y ha hecho del “exprópiese”, y de la confiscación arbitraria, su principal y alucinado grito de guerra? ¿Qué pasa si allá, en los Estados Unidos, invocan el principio de “soberanía”, tan pregonado por estos lares? Si negarles visas a los funcionarios de la revolución bolivariana es indigno, ¿qué se puede decir del estado de sitio implantado aquí, en un país ensangrentado por la violencia y de paso aislado para el tráfico aéreo, razón por la cual para la inmensa mayoría de venezolanos está vedado viajar, no importa si es por motivos de placer, salud o estudios?

Y, ¿qué decir, además, de los compatriotas empujados por diversas razones al exilio, y de aquellos sobre quienes pesa una medida de prohibición, expedida por un tribunal, de salir del país, verbigracia María Corina Machado, en este caso por la saña de privarla de ver a sus hijos, puestos a buen resguardo en el exterior, ante la incesante cadena de atropellos, amenazas y escarnio público que les ha tocado encarar?

En conclusión, los funcionarios a los que se les compruebe haber violentado derechos humanos, deben ser sometidos al rigor de la justicia, sin más privilegio que su verdad y las garantías propias del debido proceso. Quienes poseen mansiones, yates o cuentas bancarias en la Florida o en cualquier otro lugar, que expliquen, al país, principalmente, cómo amasaron tales fortunas. Están en el deber, legal y moral, de hacerlo. En nombre de los venezolanos que viven el drama de que el sueldo no les alcanza a la hora de cubrir sus necesidades elementales. En nombre de quienes madrugan en colas para adquirir un paquete de harina o un medicamento prescrito con urgencia.

Es difícil imaginar a masas depauperadas, puestas a agitar pancartas frente a la embajada de los Estados Unidos, en las que se lean consignas como: “Con mi mansión en Miami no te metas”.

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