#OPINIÓN De rutas sin alma

Marisela Gonzalo Febres | Ilustración : Victoria Peña |

La chica que ayuda en las labores domésticas, ése día no traía la cara de siempre. Dijo que se sentía “muy angustiada” con una especie de “ahogo en el pecho”, porque una amiga le llamó por celular para contarle, que en uno de los “rutachivos” que tomó el día anterior, una señora de mediana edad que a duras penas había logrado montarse, fue robada mientras intentaba mantenerse de pie, agarrada a las estacas con una mano, pues con la otra sostenía una bolsa con algo de granos y verduras. A pesar de sostenerla con fuerza, el ladrón logró quitársela al contar con la ayuda de un cómplice quien le bajó los pantalones a la víctima. La vergüenza no necesita contarse, salvo que en medio de la refriega la señora cayó a la vía y el chofer que pareciera ser también “rutero de la muerte”, se negó a detenerse y auxiliarla.

El silencio vendría después y la consiguiente reflexión sobre la inhumanidad que cada día solapa hurtos y robos y la pasividad de quienes apurados por llegar a su destino no insistieron más en exigirle al chofer que se detuviera, víctimas también del descalabro de la bonhomía y responsabilidad que fortalecían el espíritu de solidaridad en situaciones extremas. Esta es una de las historias cotidianas que retratan lo que hoy somos como personas. La “Ordenanza reguladora del servicio público de transporte terrestre urbano, suburbano e interurbano en las vías del municipio Iribarren del estado Lara”, lo que rige las instituciones ideologizadas, como nuestro “Concejo Municipal de Iribarren”.

Aprobada con el voto salvado de 5 concejales de oposición: Pedro Mendoza, Milagro Gómez de Blavia, Omar Jiménez, Ibrahím Querales y Oly Mendoza— se caracteriza por estar desviado ideológicamente su enfoque. En lugar de analizar las causas de la situación de la crisis del transporte, expresión de la crisis nacional, se afinca en sus consecuencias, trasladando la responsabilidad a quienes no la tienen. Ignoran las razones estructurales del problema, alno tomar en cuenta todos los factores que inciden, es decir, el triángulo conformado por los usuarios, los transportistas —dueños y trabajadores del volante— y el Concejo Municipal como regulador y garante del servicio público.

La intención de la ordenanza es sesgada y excluyente, porque solo privilegia un sector: el de los trabajadores informales, de los cuales forman parte los “rutachivos” —quienes no tienen deberes, no están organizados, ni pagan impuestos y que por su condición de “piratas”, evaden el respeto a las normas de uso que incluyen calidad, seguridad, factibilidad y accesibilidad. Esto va en detrimento de los que sí están organizados, caso de las empresas de transporte, sindicato de trabajadores del volante y por supuesto, de los usuarios. Legalizarlos es otra de las formas de excluirnos a todos, no sólo de los derechos otorgados por la ley sino de excluir ancianos y niños a ser transportados.

El enfoque es sesgado, excluyente y punitivo para quienes tradicionalmente venían prestando el servicio de manera organizada. Al no tomar en cuenta estos factores que inciden en las consecuencias, se deja por fuera las razones estructurales como lo son las de carácter económico, resumidas en la hiperinflación que funciona como una centrífuga que dispara los costos de los insumos —cauchos, baterías, lubricantes y repuestos— y hace víctima a los dos sectores sociales que no son culpables de la crisis: los usuarios y los transportistas, como si en una especie de acto de magia, se pudiera escamotear el rotundo fracaso económico provocado por el régimen.

Convocada por el Consejo Consultivo Ciudad de Barquisimeto, la Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA y otras instituciones, se realizó una asamblea de ciudadanos en el Colegio de Ingenieros bajo el nombre de “Barquisimeto Ciudad Inmóvil”, para debatir el alcance de la crisis en nuestra ciudad y la parálisis que cada vez alcanza en mayor grado instituciones y las almas de sus habitantes. Se rechazó la ordenanza aludida y se planteó crear un Foro permanente sobre el transporte. Se denunció el desmantelamiento del Estado a las unidades del servicio privado y la reducción en apenas 4 años, de 400 unidades de Transbarca a las 26 que circulan hoy. La desprotección es absoluta, pues aunque se hable de subsidios, sabemos que no pasa de ser un recurso retórico en una crisis inflacionaria inédita en el mundo. Bajo la intemperie quedamos, sin alma y sin opciones, en la diaria versión de la “Rutachivos”.

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