Sin tregua – “Revolución”: 15 años después

En 1999 llegó al poder por la vía electoral el teniente coronel Chávez Frías, después de la intentona fallida del 4F de 1992 contra – el entonces – presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. Fecha cruenta de nuestra democracia, que ahora desde el poder los golpistas celebran institucionalmente cada año con el aval de los poderes públicos, incluyendo las fuerzas armadas nacionales.
Ciertamente, las mayorías nacionales vieron en Chávez la posibilidad de acabar con la corrupción, las posibilidades de lograr repuestas económicas y sociales oportunas, sin discriminación alguna.
Después de 15 años de “gobierno” chavista, en los cuales Maduro estuvo siempre “enchufado” y lleva uno como sucesor del fallecido “comandante-eterno”, la realidad nacional es que la transformación histórica prometida no ha ocurrido. Se sigue pidiendo más tiempo alegando que se está en un proceso de transición de conformidad con la literatura marxista. Los cambios han sido de forma y no de fondo, y para mal, pues la metamorfosis de las estructuras de poder para ponerlas al servicio del ciudadano con equidad, imparcialidad y eficiencia no se ha hecho, por el contrario, éstos perdieron totalmente su independencia, quedando subordinados a los caprichos de Miraflores.
El autoritarismo en “democracia” se profundizó. Se instauró una cultura política anacrónica y excluyente. El PSUV se convirtió en una maquinaria equipada y dotada con suficientes recursos económicos y financieros con apoyo incondicional del Estado para frenar a la Unidad Democrática y reducir sus espacios de participación. Se construye un prontuario de ilegalidad, abuso y corrupción a todo nivel. La compra del voto y el uso arbitrario de los poderes públicos en comicios electorales, que le ha permitido ganar las elecciones; facilitado por el poco éxito de la oposición para explicar lo que está ocurriendo en contra de la buena fe de los seguidores de esta estafa política iniciada hace 15 años.
El “gobierno” continua con la vieja práctica ilegal e inconstitucional de usar los programas sociales para comprar votos. No se rinden cuentas claras de esos gastos. Y ahora se recurre nuevamente a la represión policial y judicial para desviar la atención sobre su incapacidad para dar respuestas concretas a los graves problemas éticos, económicos y sociales que padece la nación. No hay que ser experto para no apreciar la tragedia económica y social a la vuelta de la esquina. Los conflictos laborales, las colas por la escasez, la perdida creciente del valor de la moneda y la violencia, son reportes diarios reales y no “sensaciones” como sostienen voceros del militarismo-despótico que nos desgobierna.
Por otra parte, la paz no se impone ni se decreta. Pasa por el reconocimiento de la crisis institucional y de la participación activa de todos los sectores de la sociedad en la búsqueda de un destino cierto, el del progreso de todos los venezolanos. De lo contrario, a los pueblos les asiste el derecho a rebelarse contra el autoritarismo o cualquier forma de opresión; ya que es el Poder el que practica la violencia; por tanto, al pueblo legítimamente no le queda otra opción que exigir la restitución del orden jurídico violentado, según el 333 constitucional, como ocurre hoy, 15 años después de “revolución”…

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